El concejal de la agrupación Jallalla, Cristhian Estévez, fue enviado de forma preventiva a la cárcel por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. Desde la prisión, el legislador afirma que la determinación fue por fiscalizar a la gestión de Eva Copa.
En contacto con LA RAZÓN, desde el penal de Patacamaya, Estévez afirmó ayer que el Viceministerio de Transparencia inició de oficio una investigación que data de 2018-2020 contra él y otros 70 exfuncionarios de Derechos Reales cuando desempeñaban funciones en esa institución.
“Particularmente yo tenía una cuenta en el Banco Unión y realizaba transferencias y movimientos a mi cuenta del Banco Económico. Es por esa razón que me están molestando, por haber realizado este tipo de traspasos y también yo había tenido depósitos que mi familia me realizaba”, relató.
Explicó que otra observación de la Justicia es porque se dedicaba a la compraventa de vehículos y que luego de venderlos los nuevos propietarios no hicieron el cambio de nombre y son alrededor de 15 motorizados que continuaban a su nombre.
“Pero todo esto ha sido comprobado, he hecho un requerimiento fiscal y se les ha buscado a los compradores a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ellos han confirmado que han comprado las movilidades, pero no ha sido valorado por la Justicia”, sostuvo Estévez.
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Acotó que la Fiscalía lo observó por tener un patrimonio de poco más de Bs 30.000 en sus cuentas bancarias.
El legislador denunció una “manipulación mediática” de funcionarios municipales “a la cabeza de la alcaldesa Eva Copa”.
Estévez señaló que el partido de la Alcaldesa quiso “inhabilitarlo políticamente” para impedir que ocupe la presidencia del Concejo, ya que tiene el apoyo de cinco de 11 concejales.
FISCALIZACIÓN.
Desde hace algún tiempo, el concejal encarcelado inició varias labores de fiscalización a la gestión de Copa, entre ellas, un presunto sobreprecio en la compra de un tomógrafo, los ítems fantasma de personas que fallecieron, entre otros.
También sostuvo que realizaba el seguimiento de procesos iniciados en la misma Alcaldía en contra del actual secretario de Gestión Institucional, Rury Balladares, y otro exfuncionario Eddy Condori, acusados por presunta falsificación de facturas cuando desempeñaban funciones en las gestiones del exalcalde Fanor Nava.
