El modo en que la Cámara de Diputados aprobó, entre el viernes y el domingo últimos, el proyecto de Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales ha servido para confirmar, una vez más, que la acción política de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional está orientada a afectar la gestión antes que a lograr cambios reales o duraderos.
Luego de que la primera votación, nominal y pública, resultase frustrada por la gran cantidad de votos blancos y, luego, por el exabrupto de un diputado de Comunidad Ciudadana (CC), quien llegó a la testera de la Cámara con clara intención de agredir al presidente de esa instancia, las siguientes sesiones sirvieron para que las y los diputados expresasen su voto por escrito y en un ánfora, logrando la transformación radical de los resultados.
En promedio, 120 diputados de oficialismo y oposición participaron de la votación a lo largo de la tarde y noche del sábado, y la madrugada y mañana del domingo, registrándose 74 votos a favor, 16 en contra, 22 votos blancos, 3 nulos, y 15 votos que “sobraron”. Para el presidente de la Cámara, el voto secreto permitió a los diputados “amedrentados” a votar en libertad por la ley, lejos de las “tenazas” de sus jefes “en el Chapare, en Calacoto o en Chonchocoro”.
Fue una diputada de Creemos quien expresó con gran candor la razón detrás de los obstáculos que se imponen a los proyectos gubernamentales, afirmando que la votación “fue impuesta para este proyecto de ley” y que las y los asambleístas “la aprobaron favoreciendo al Gobierno”, en evidente muestra de que hay representantes que siguen considerando que su trabajo es afectar la gestión gubernamental y no legislar en función de los intereses nacionales.
Similar posición adoptaron las y los asambleístas del MAS más cercanos al expresidente Evo Morales: pusieron en cuestión el modo de votación reclamando falta de “transparencia”, pero sobre todo denunciando una presunta “traición”. En ningún momento, sin embargo, se refirieron al hecho de que los dictados del jefe nacional del MAS coinciden plenamente con los de sus rivales Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.
Por su parte, el diputado protagonista del bochorno del viernes porfió en su posición radical y convocó a conferencia de prensa para afirmar, sin brindar evidencia alguna, que el proyecto de ley fue aprobado gracias a que circularon “maletines negros” llenos de dinero. Irónicamente, fue un diputado del MAS quien, tratando de confirmar el rumor, señaló que cada voto habría costado $us 10.000. El presidente de la Cámara les pidió retractarse o presentar la demanda ante las instancias judiciales o, de lo contrario, someterse a acciones penales por encubrimiento.
Queda, así, evidencia de que la política parlamentaria está severamente contaminada por la radicalidad de los jefes partidarios, y que las y los diputados desoyen esos mandatos, escuchando a sus conciencias, en cuanto tienen la posibilidad de hacerlo; que es lo que corresponde cuando se tiene en las manos el presente y el futuro del país.
