No es novedad que, entre la gestión legislativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la de los concejos municipales y la de las asambleas departamentales, sea la de estas últimas la que menor agenda noticiosa genera. Esto hace que, muchas veces, pasen de largo algunas normativas de corte profundamente político que son importantes insumos para las batallas de sentido de época, de manera general, y las que vendrán localmente en periodo electoral, de manera particular.
Es lo que ha ocurrido concretamente con la Ley Departamental de Santa Cruz 296, de declaración del 10 de diciembre como el “Día Departamental de la Familia”. Esta norma fue aprobada el 27 de abril de este año y lo que hace es instituir la mencionada fecha y dar cobertura para que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz pueda implementar “programas, actividades, políticas y proyectos para solidificar los valores y principios fundamentales de la Familia”. El diagnóstico para la existencia de esta ley se encuentra en su exposición de motivos, en la que se señala que el antecedente es “la grave crisis social y de valores que existe en la sociedad” y que la mencionada aprobación respondía a la necesidad de “crear conciencia en nuestra sociedad sobre el valor y el papel que tiene la familia en la sociedad, en la formación y educación de valores como: la fe en Dios (…)”.
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Así, este insumo normativo se constituyó, en mayo, en el paraguas institucional para este hecho político denominado Family Fest. El evento, presentado como un festival familiar cultural, además de contar con el apoyo oficial de la Gobernación cruceña, reunió a asambleístas de Creemos, conferencistas de superación personal, activistas políticas, pastores y sus denominados “embajadores” (rostros conocidos en los medios y la farándula cruceña). Esta configuración da perfecta cuenta de lo que el sociólogo Julio Córdova denomina en una publicación digital como “la alianza político-religiosa entre la extrema derecha y el fundamentalismo evangélico y católico” que significó este suceso.
Con los discursos vertidos en este festival se puede, sin duda, realizar un profundo análisis de discurso sobre los objetivos narrativos y políticos perseguidos por este movimiento. Solo para tener una idea de ellos: alguna intervención estuvo orientada a señalar que el cristianismo fue pionero en la lucha por los derechos de las mujeres, otra (la de Agustín Laje) versó sobre una supuesta demonización de los hombres y, de manera general, se hicieron apelaciones a los valores morales superiores que conlleva la conservación de la idea de la familia heteronormativa, estableciendo como principal enemigo político, cultural y societal a ese inexistente constructo que denominan «ideología de género».
Poco de esto es novedad, ya que este litigio discursivo y narrativo es pan de cada día en la política actual y estas formas culturalistas pop de generar discurso son la manera que las nuevas derechas han encontrado para batallar el poder; se trata pues de su nueva configuración dentro de unas “democracias complejas” (y en riesgo) en las que se libra, ante todo, la “política de las emociones”. Lo que sí parece ser novedoso en este caso viene a ser la institucionalidad estatal que se va construyendo (aun localmente) en torno a estos horizontes. Se trata de una agenda que viene incluso con spoilers, como el que mencionó el diputado Bazán en el acto de entrega de esta ley departamental a Laje: lo que se viene es la búsqueda de que “se declare el 25 de marzo como el día del niño por nacer”.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
