Si damos una mirada a 2009, año en el que se aprueba la nueva Constitución Política del Estado (CPE), es sorprendente ver cómo ha pasado el tiempo y, a medida de ello, nuevos hitos a favor de las y los bolivianos se están haciendo realidad, toda vez que el artículo 45 de la CPE establece que la dirección y administración de la seguridad social corresponde al Estado. Durante este tiempo se mostraba como una idea lejana y que tal vez no se iba a cumplir. Sin embargo, en mayo se ha dado el inicio del funcionamiento formal de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora Pública), con el proceso de recaudación total del Sistema de Pensiones, desde el 15 de mayo se empezaron a recibir tramites de nuevos jubilados y desde este 1 de junio se está empezando a pagar a los más de 209.000 jubilados que hay en el país.
Este proceso, hasta el funcionamiento de la Gestora Pública, ha sido un largo camino que vio sus primeras luces a partir de la promulgación de la Ley 065 del 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, que creó a la Gestora Pública con el objetivo institucional de administración y representación de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, gestión de prestaciones, beneficios y otros pagos correspondientes al Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Siguiendo estos pasos, otro avance que se dio en 2018 fue cuando la Gestora Pública empezó las actividades referentes a la transferencia de la administración y pago de la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales, por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Asimismo, en 2019 se estableció el inicio de actividades al público por parte de la Gestora Pública en cuanto a los regímenes contributivo y semicontributivo.
Con estos importantes avances, después de muchos años del proceso de implementación, la Gestora Publica finalmente comenzó esta gestión sus operaciones plenas, lo que también es un triunfo más para las y los bolivianos, porque nuestro país ahora cuenta con una administración del fondo de pensiones diseñada y hecha en Bolivia, algo que ha sido un desafío constante, toda vez que a diferencia de otros países donde las pensiones son manejadas por empresas privadas o de forma mixta (compañías privadas y Estado), el nuestro ha optado por un enfoque público, en el que el Estado es el responsable de garantizar que los fondos sean invertidos de manera segura y rentable, de acuerdo con la normativa vigente.
Asimismo, es importante destacar que el gobierno del presidente Arce continúa en el camino del proceso de cambio, por cuanto el hecho de que los fondos de pensiones estén en manos de la Gestora Pública garantiza que serán manejados de manera responsable, en beneficio de toda la sociedad.
(*) Lucía Mollericona Alarcón es economista
