Con seguridad las personas particularmente interesadas en las temáticas electorales están al tanto de que el próximo año comienza el extendido calendario electoral que nos llevará rumbo a las elecciones generales de 2025, que incluye (y se inicia) con la convocatoria a las elecciones primarias dentro de las nueve organizaciones políticas que están al día de hoy registradas ante el Tribunal Supremo Electoral y que tendrán la posibilidad de presentar candidaturas vice/presidenciables en la siguiente contienda electoral nacional. Con este hito arrancarán varios meses de actividades electorales que adquirirán mayor detalle sobre su desarrollo e implementación en cuanto el respectivo calendario electoral sea aprobado y entonces se irá clarificando el escenario sobre el cual votarán las y los bolivianos.
Será pues el inicio formal de una carrera que como resultado reconfigura el mapa político por periodos meridianamente regulares. Volveremos, de alguna manera, a una dinámica que como ciclo completo se había fisurado en las pasadas fallidas elecciones de 2019, que tantas consecuencias sociopolíticas y democráticas dejaron en la sociedad boliviana. Con todo esto, lo que de alguna manera queda por sentado es que este venidero ciclo electoral tiene el potencial de constituirse en una oportunidad para ir subsanando al menos algunas de las agendas de avance técnico electoral que quedaron pendientes (o, más propiamente, suspendidas) en lo que significa el proceso acumulativo de su avance e implementación.
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Uno de ellos, qué duda cabe, estará relacionado con cómo se afrontarán los cambios que genera el tránsito de buena parte de las actividades y escenarios electorales a entornos digitales; por listar algunos, nos estaríamos refiriendo a: elecciones primarias, campañas, algunas actividades de administración electoral, entre otros. Pero, sobre todo, la dinámica de intercambio informativo y deliberativo entre actores de la sociedad que implica todo el tránsito del proceso electoral y se vuelve un escenario con muchas vulnerabilidades cuando los procesos desinformativos y los discursos de odio (devenidos acoso y violencia política en el marco electoral) entran en esta escena.
En las pasadas elecciones generales (tanto las fallidas como las que generaron los resultados que llevaron a constituir el Gobierno actual), varios de los actores que entraron en escena en lo que fue el intento por combatir los procesos desinformativos coincidieron en que el principal blanco de estas operaciones fue, precisamente, el ente electoral. Pasados varios años de ese momento, poco se sabe respecto a cómo se va a gestionar este proceso que con el paso de los años solo se ha complejizado. ¿Por dónde encontraremos algunos indicios para ir disminuyendo la batalla simbólica cuando buena parte de la base de plataformas de interacción entre ciudadanos/as (redes sociodigitales) existen bajo un modelo de negocios cuyo éxito está en la generación de acción, interacción y entretenimiento, cueste lo que cueste? Plataformas/espacios que empresarialmente entienden perfectamente que el odio vende y no parecieran interesados en interlocutar con Estados y/o políticas locales que, además, existen casi marginalmente, en el caso boliviano? ¿De qué manera se va a articular un diálogo entre los diversos actores sociales e institucionales que definen y establecen lo que son discursos de odio o procesos desinformativos con énfasis en procesos electorales? ¿Quién tendrá la capacidad de complejizar esta temática, de tal manera que ir moderando tanto riesgo para la institucionalidad electoral y democrática sea también una opción simultánea a un proceso electoral? Preguntas. Y tiempo que corre en contra.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
