Probablemente ya haya escuchado acerca de la decisión de la Corte Suprema en Biden v. Nebraska , donde una mayoría de 6 a 3 de la corte, dividida en líneas partidistas, anuló el plan de alivio de la deuda estudiantil del presidente Biden. Después de superar un problema obvio de legitimación (el demandante, el estado de Missouri, no pudo establecer ningún perjuicio para sí mismo y tuvo que demandar en nombre de una empresa de servicio de deuda creada por el estado), el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rechazó el argumento de la administración de que la ley permitió al presidente buscar un alivio de la deuda a gran escala.
Roberts no basó su conclusión en el texto de la ley. En su lugar, utilizó la “doctrina de las preguntas principales”, que dice que el tribunal puede invalidar las agencias ejecutivas si cree que sus acciones implican cuestiones de gran importancia política y económica que, en su opinión, requieren una dirección clara del Congreso. Para este tribunal, el programa de alivio de la deuda estudiantil de Biden era simplemente demasiado grande y con demasiadas consecuencias para permitir que se mantuviera.
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(Sería negligente si no señalara que el efecto principal de esta doctrina, destinada a restaurar la autoridad legislativa del Congreso, es otorgar un inmenso poder discrecional a los jueces no elegidos).
Pero no quiero hablar tanto de la opinión de la mayoría de Roberts como de la disidencia de la jueza Elena Kagan. Kagan escribió algo inusual. No solo cuestionó el razonamiento del presidente del Tribunal Supremo, sino que cuestionó incluso si la decisión del tribunal era constitucional. “Desde la primera página hasta la última, la opinión de hoy se aparta de las demandas de moderación judicial”, escribió Kagan. “A instancias de un partido que no ha sufrido daños, la mayoría decide un tema de política pública controvertido que pertenece propiamente a los poderes políticamente responsables y al pueblo que representan”.
Ella continuó: “Ese es un problema importante no solo para la gobernabilidad, sino también para la democracia. El Congreso es, por supuesto, una institución democrática; responde, aunque sea de manera imperfecta, a las preferencias de los votantes estadounidenses. Y los funcionarios de la agencia, aunque no electos, sirven a un presidente con el más amplio de todos los electorados políticos. ¿Pero este tribunal? Es, por diseño, lo más separado posible del cuerpo político. Es por eso que se supone que la corte debe apegarse a su negocio: decidir solo casos y controversias, y mantenerse alejado de hacer la política de esta nación sobre temas como el alivio de préstamos estudiantiles”. El tribunal, concluyó Kagan, “ejerce una autoridad que no tiene. Viola la Constitución”.
Es una declaración notable. Decir que la Corte Suprema puede violar la Constitución es rechazar la idea de que la corte está de alguna manera fuera del sistema constitucional. Es para recordarle al público que el tribunal está tan obligado por la Constitución como las otras ramas, lo que quiere decir que está sujeto a los mismos «pesos y contrapesos» que la legislatura y el ejecutivo.
La disidencia de Kagan, en otras palabras, es un llamado a la rendición de cuentas. Para que el Congreso, especialmente, ejerza su autoridad para disciplinar a la corte cuando se extralimite.
Los demócratas pueden o no recibir este mensaje en particular. Pero John Roberts lo escuchó alto y claro. “Se ha convertido en una característica inquietante de algunas opiniones recientes criticar las decisiones con las que no están de acuerdo por ir más allá del papel adecuado del poder judicial”, escribió en su opinión. “Es importante que el público tampoco se deje engañar. Cualquier percepción errónea de este tipo sería perjudicial para esta institución y nuestro país”. Para Roberts, el problema no es que la Corte Suprema se esté extralimitando, sino que uno de sus jueces ha decidido que ya ha tenido suficiente.
(*) Jamelle Bouie es columnista de The New York Times
