Los ejecutivos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) acaban de anunciar que retomarán el control de los campos Mamoré y Surubí que estaban en manos de Repsol E&P Bolivia y los campos Mamoré operados por Petrobras; lo propio se anuncia que ocurrirá con los campos administrados por Pluspetrol Bolivia Corporation SA. Lo que salta a la vista es que tienen petróleo, pero no lo producen.
La crisis, por su crudeza, tiene la virtud de develar los problemas reales. La crítica a la astronómica subvención a los hidrocarburos abrió los ojos para afirmar que no era la mejor gestión de YPFB; así se dieron respuestas para bajar este costo: cambio de logística, importación (todo) por el lado occidental, importación de crudo, control al contrabando y a la venta de hidrocarburos líquidos, etc., mientras paralelamente corren procesos judiciales. Sin embargo, estas medidas de tipo administrativo son secundarias frente al nuevo anuncio.
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El proceso de nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006 se dio en medio de dudas y desafíos, el Estado no contaba, ni cuenta, con una empresa capaz de afrontar los desafíos de una medida de esa dimensión. YPFB había sido transformada en una empresa residual, satisfecha de ufanarse de los míseros dividendos resultado de su asociación con las transnacionales, si prácticamente no hacía nada. Por eso, pragmáticamente, se aceptó continuar con las asociaciones a cambio de que se respetara la participación del Estado de los volúmenes de producción (82%); así se mantuvo la estructura organizativa del proceso de capitalización, manteniendo las famosas sociedades anónimas mixtas, nunca integrando el proceso productivo y la unidad de gestión.
Los resultados fueron positivos en la medida que se trataba de continuar produciendo sin hacer mayores inversiones; cuando se veía decaer la producción por la reducción de las reservas, se confió en los mismos operadores privados, ampliándoles las áreas de exploración y comprometiendo el reconocimiento de las inversiones. El resultado fue el mismo: no hubo las inversiones esperadas de las transnacionales y la empresa estatal invirtió $us 4.378 millones en exploración entre 2006-2019, con resultados negativos, en campos que solo tenían una probabilidad de éxito de 20%.
Hoy el panorama se aclara, las transnacionales no son aliadas del proceso de cambio, sus intereses son contrarios a los de la empresa estatal que es servir a las necesidades de la población boliviana antes que la acumulación de utilidades. Así hoy declaran que no es de su interés vender el petróleo a $us 27 el barril en el mercado interno, cuando en el exterior el precio supera los $us 70; desde luego no les conviene, pero olvidan que el petróleo es de los bolivianos y nosotros debemos priorizar nuestras necesidades. La expectativa de la ganancia no tiene relación con el costo de producción, que es mínimo, una vez recuperada la inversión de la exploración y el montaje para la explotación. La esperanza de las transnacionales al mantener sus contratos es forzar un cambio de política, o un cambio de gobierno, viveza explícita en el gobierno ilegítimo de Añez, cuando Petrobras firmó un contrato ampliamente favorable a sus intereses por la venta de gas, en desmedro del pueblo boliviano.
Planteadas así las cosas, las tareas se multiplican. Es necesario hacer de YPFB una empresa 100% estatal, que opere toda la cadena productiva: exploración, explotación, industrialización y comercialización, en una unidad de gestión donde cada una de las etapas esté encadenada a la suerte de las otras, evitando su parcelación y autonomía; es la única manera de evitar la lucha burocrática por intereses mezquinos. La conducción y funcionamiento que tiene el personal de la empresa es una delegación de funciones del pueblo boliviano para que le sirvan a éste. Esto demanda un compromiso social y político: la lucha de nuestro pueblo por la supervivencia de YPFB fue cruenta, el personal debe estar imbuido de su historia y conocer el pensamiento de sus mentores: Toro, Busch, Sergio Almaraz, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Villegas.
El deseo de construir nuestro futuro tiene que ser un proceso consciente y firme. No puede haber privilegios de ninguna clase, como existe hoy con la exportación de petróleo, cuando nuestras refinerías están casi paralizadas y sus obreros con la vergüenza de no producir.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
