Con un despliegue espectacular de fuerzas policiales se intervino la explotación ilegal del oro en la comunidad de Miraflores, situada a orillas del río Madre de Dios; el resultado son 27 barcazas destruidas, 57 personas apresadas, decomiso de armas y mercurio, pero no se dice nada del objeto del delito, el oro. No es el primer operativo, anteriormente ya hubo otros, sumando a la fecha 88 detenidos.
¿Se solucionó el problema? De ninguna manera, sin embargo, el operativo develó la gravedad de la situación de la minería y en particular la del oro. Se observó lo fácil que es establecer una explotación minera en zonas alejadas y con una población con múltiples necesidades que, a cambio de un puesto de trabajo, se convierten en facilitadores del delito, acá comienza lo ilegal. ¿Hay contrato de trabajo? No, la explotación es a destajo, se les paga por rendimiento, el que se lleva la mejor parte es el dueño de la embarcación; se les expone a condiciones inhumanas de trabajo, expuestos a los daños del mercurio, trabajando de sol a sol, sin ninguna protección frente a accidentes en el trabajo. La Justicia les acusa de transgresores y no de víctimas. La participación del Ministerio de Salud se redujo a la preocupación por el uso del mercurio y no a la protección de la salud laboral que es su competencia, el Ministerio de Trabajo fue ignorado en el operativo. Al fin, la explotación del oro es un robo al pueblo boliviano, se atenta contra su patrimonio y la determinación de su uso, es decir es un atentado a la soberanía nacional, cuya custodia está en manos de las Fuerzas Armadas.
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La explotación de la minería es una maldición, se ha dicho en otrora, los resultados finales son pueblos fantasmas, mientras allende los mares se construyeron imperios. El punto nodal es la propiedad de los minerales. En la colonia eran los reyes que disponían de los territorios y la vida de los indígenas, a través de los encomenderos, naturalmente el destino de la riqueza era el imperio español; en la República, con la libertad del mercado, se creó la casta de los patriarcas de la plata y los barones del estaño que se emparentaron con la nobleza europea y el capital internacional; con el capitalismo de Estado, se traspasó los excedentes de las minas estatales al desarrollo del oriente, creando una “burguesía nacional”.
La lección fue asumida por la Asamblea Constituyente Plurinacional, que en el texto constitucional delinea los objetivos del aprovechamiento de los recursos naturales: crear excedentes económicos para el desarrollo del país, y en el caso de la minería dispone la suscripción de un contrato de producción minera refrendado por ley. El contrato no traspasa la propiedad del yacimiento, es para la producción directa de quien lo suscribe; entre otras condiciones establece un plan de trabajo e inversiones, cumplimiento de las normas ambientales y sociales. La norma es universal y no excluye a las empresas estatales como Comibol y Cofadena. Lamentablemente, hecha la ley hecha la trampa, el proceso de adecuación de las viejas concesiones mineras a contratos se amplía cada año, mientras tanto pueden disponer los yacimientos para su explotación sin ninguna obligación, sino el pago de una patente.
El contrato por ley implica su cumplimento en todos los órdenes; Hacienda registra a un productor minero y le asigna un número de tributación, que si no tiene movimiento incumple el contrato y éste se anula; Medio Ambiente suscribe una ficha ambiental por la cual el operador se compromete a una serie de actividades para preservar el entorno; la contratación de personal está regulada por la Ley General del Trabajo, la salud con la afiliación a las Cajas, el seguro a largo plazo por la Gestora; el INRA define la propiedad del suelo y los permisos para el uso del subsuelo; el Ministerio de Trabajo registra y fiscaliza a las cooperativas; Defensa y el Ministerio de Gobierno evitan la depredación del territorio nacional; los municipios y las gobernaciones precautelan el cumplimiento de la normas, ambientales y tributarias, para un desarrollo armónico con la naturaleza y los habitantes de la región. Estas obligaciones suponen un esfuerzo mancomunado de todo el aparato del Estado.
Los recursos naturales son el único capital que tenemos para dar un salto para lograr una vida digna, se trata de una generosidad de la Pachamama, por lo que la política minera debiera ser una preocupación de todos y todas que estamos comprometidos con el futuro del país, particularmente de quienes están en el Gobierno.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
