En momentos cuando, de manera tardía, las autoridades nacionales se preocupan por un bullado caso de violencia sexual en un exclusivo colegio privado en Santa Cruz de la Sierra, un nuevo debate se ha abierto, también tardíamente, al conocerse que la Gobernación cruceña ha producido un currículo educativo “regionalizado”. En ambos asuntos cabe discutir los criterios que se aplican.
Es difícil juzgar el caso del niño abusado sexualmente en el Colegio Alemán de la capital cruceña, sobre todo porque el Ministerio Público ha declarado el caso en reserva (como corresponde, pues la víctima es menor de edad), dejando que periodistas y medios de comunicación medren con los rumores y las interesadas filtraciones, que alejan a la familia del niño abusado de la justicia.
Paralelamente a este drama, días atrás se supo que el Gobierno Departamental de Santa Cruz, cuya máxima autoridad ejecutiva cumple estos días siete meses en prisión preventiva, promulgó el 18 de mayo de este año una ley departamental titulada “de Desarrollo Humano y Políticas Sociales para Niños y Adolescentes sobre Educación y Currícula Regionalizada en Santa Cruz” y que en los hechos no hace sino alejarse de las prescripciones contenidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley 70, de la Educación.
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Así, allí donde la ley nacional indica en su artículo 69 que “es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implementar el currículo base con participación de los actores educativos, así como apoyar la formulación y aprobación de los currículos regionalizados, en coordinación con las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, el gobierno departamental cruceño reemplazará a las autoridades nacionales con representantes de las iglesias católica y protestantes.
El propósito declarado de la norma cruceña es incorporar en el currículo educativo del departamento “el patrimonio cultural tangible e intangible del Departamento; su identidad, historia, valores culturales, religiosos, sociales y económicos, así como las actuales características naturales y culturales cosmopolitas y de crisol de la bolivianidad que tiene el pueblo cruceño”; es fácil imaginar que se busca profundizar aspectos identitarios que alejen a las y los cruceños de la todavía difusa identidad nacional.
No hace falta haber leído a los clásicos de la sociología para saber que el más poderoso de cuan[1]tos aparatos ideológicos existen es la escuela. La proyectista de la controvertida norma cruceña ha reconocido que no se apega a la CPE porque esta “no refleja el sentir” de muchas personas, como si fuera un asunto de simple preferencia o sensibilidad, lo cual muestra deseos de separar a Santa Cruz del resto del país, si no administrativa y políticamente, al me[1]nos ideológicamente.
En la vereda del frente, las autoridades nacionales y la oposición departamental (representada por el MAS), han demostrado tener muy poca iniciativa y creen que bastará con consultar al cuestionado Tribunal Constitucional para evitar que la controvertida ley departamental sea aplicada, tal vez de manera más eficaz que la ley 70.
