El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, Diego Marquina, está retenido en su oficina por campesinos Sin Tierra que piden garantías para volver a sus comunidades tras ser desalojados.
Marquina explicó que a fines del pasado mes, 300 familias fueron desalojadas de sus tierras, legalmente obtenidas, por terceras personas. Los afectados iniciaron una huelga de hambre para exigir la devolución de sus terrenos.
«Las propiedades avasalladas son las de Chirimoya, Tierra Hermosa y Tierra Firme. Por esa causa, el anterior domingo y lunes estuvimos en la zona tratando de dialogar con los actores para llegar a un acuerdo y pacificar la zona, y quedamos en reunirnos el martes 25 de mayo, pero el otro sector rompió la tregua el miércoles al sacar a otros campesinos de Chirimoya, por ello la dirigencia tomó esta medida», dijo Marquina.
El 2008, el presidente Evo Morales entregó títulos de propiedad en la provincia cruceña de San Ignacio de Velasco (460 kilómetros de la capital oriental) a las familias afiliadas al Movimiento Sin Tierra. A fines de abril de este año supuestos terratenientes, aduciendo tener la propiedad de los terrenos, desalojaron a los campesinos.
En reclamo, los comunarios iniciaron una huelga de hambre en el Palacio de Justicia de la capital oriental, el 3 de mayo, y ayer trasladaron la medida a la regional del INRA exigiendo la presencia de las autoridades nacionales.
El representante del MST de San Ignacio de Velasco, Edwin Arce, denunció que asumieron esa medida porque otros afiliados fueron desalojados en la comunidad de Chirimoya. «Estamos en huelga porque no hay garantías para que volvamos a nuestras tierras. Hemos decidido retener al Director Regional del INRA para que se siente con nosotros hasta que se solucione el conflicto», indicó.
Especificó que la solución inmediata se dará cuando el Gobierno desaloje a quienes se apropiaron de sus tierras, cuando les den la garantía jurídica y seguridad y, además, se comprometan a resarcir todo lo que perdieron, como su producción y bienes.
El Director Regional del INRA aseveró que para la solución del conflicto se debe tomar en cuenta dos posiciones: primero, la parte penal que está en manos del Ministerio Público, debido a que hay daño físico, amenazas de muerte y otros delitos a ser investigados.
«El segundo aspecto le corresponde al INRA y es en esta instancia que se está viendo cómo se puede solucionar . Se está gestionando la restitución de ese derecho propietario que tienen las familias de las tres comunidades afectadas», afirmó.
Para hoy se aguarda la presencia de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y del director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas.
