Varios acontecimientos recientes contribuyen a la percepción ciudadana de que la crisis económica se está acelerando con el consiguiente aumento de la incertidumbre y la inseguridad. El Gobierno insiste por su parte en negar la existencia misma de la crisis con el argumento de que en realidad la situación económica está mejorando a pesar de las dificultades del contexto externo. Frente a la maledicencia de opositores políticos y comentaristas adversos se argumenta que no se aprecia debidamente la estabilidad monetaria, la baja inflación y las bondades de la estrategia de industrialización mediante la sustitución de importaciones.
En defensa de los resultados de la política económica y de su propia gestión, el Gobierno despliega una costosa estrategia comunicacional y una permanente visibilización del apoyo que le brindan las dirigencias sindicales y de las organizaciones sociales. Un importante componente de su estrategia defensiva consiste además en la descalificación de Evo Morales como potencial candidato del MAS en las elecciones de 2025, para lo cual se ha instrumentado la inhabilitación de dicha candidatura por parte del Tribunal Constitucional.
La inadmisible y anticonstitucional autoprórroga de los magistrados de las cúpulas del orden judicial es el premio correspondiente al servicio político prestado, lo que ha dado lugar no solamente a la indignación de los más diversos liderazgos políticos y de la opinión pública, sino también al bloqueo de carreteras durante 16 días, con un altísimo costo económico, pero así también con el consiguiente debilitamiento institucional del sistema judicial y el daño reputacional de la gobernabilidad del país.
En el ámbito económico indudablemente no le beneficia al Gobierno el hecho de que las calificadoras de riesgo crediticio bajen la calificación del país. Acceder a nuevos créditos de organismos internacionales o colocar bonos soberanos en los mercados de capital resulta ahora sumamente difícil con dichas calificaciones, y no sirve de mucho argumentar que las agencias calificadoras no toman en cuenta todo un catálogo de variables e indicadores favorables que puede presentar el Gobierno, puesto que se trata en muchos casos de los mismos aspectos que destacan sin cansarse los expertos y analistas nacionales.
Algunos problemas económicos y fiscales son inocultables, tales como la escasez de dólares y de carburantes, la instalación de un mercado paralelo de divisas y el alza consiguiente del nivel general de precios, no obstante los esfuerzos administrativos para evitarlo. Tampoco se puede ocultar el balance comercial negativo en materia de hidrocarburos ni el déficit fiscal debido a la magnitud de los subsidios y subvenciones desde hace varios años atrás.
Dicho lo cual, es justo admitir que el entorno internacional es absolutamente adverso en esta coyuntura de nuevos acomodos de las relaciones internacionales en sus diferentes ámbitos geopolíticos, financieros, comerciales y tecnológicos. Y esto es tanto más grave para el país en la medida en que el entorno suramericano registra profundas divisiones ideológicas, quebrantos democráticos y sufre como ninguna otra región las calamidades del cambio climático.
Puede que en una perspectiva de más largo plazo América del Sur logre posicionarse mejor en los nuevos tableros del orden internacional, a partir de liderazgos renovados y un sólido marco institucional democrático que promuevan el aprovechamiento legítimo de sus recursos naturales y de la riqueza de sus culturas; pero eso no ocurrirá sin un esfuerzo concertado capaz de construir mercados de alcance regional, acuerdos para el desarrollo de la innovación, así como del establecimiento de cadenas regionales de suministros con participación de varios países a geometría variable.
Horst Grebe es economista.
