Los abogados Jorge Quiroz y Claudia Lecoña están enfrentando una situación muy difícil. Su calvario comenzó cuando, en el ejercicio profesional, apuntaron contra la Policía por una supuesta extremada violencia con que habrían actuado sus efectivos en el desbloqueo de las protestas de Caranavi, lo que derivó en dos muertes y la violación de la dignidad de varios de los protestantes.
En una rápida reacción de parte del Gobierno —que ha tenido como impulsor al presidente Evo Morales, según él mismo ha informado— llovieron sobre los abogados denuncias tan graves como las de su supuesta vinculación con el narcotráfico. Dada la magnitud del asunto, aunque sin prueba alguna, se justificó el allanamiento de las oficinas y la vivienda de los abogados, y la confiscación de las computadoras.
Han pasado los días y del caso de narcotráfico no se ha presentado prueba alguna. Aun así, no sólo que no se ha devuelto las computadoras a sus propietarios, sino que el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, ha salido ante los medios con nuevas acusaciones que claramente invaden la intimidad y la privacidad de Quiroz y Lecoña.
Preocupa mucho este tipo de situaciones. Porque lo que se está haciendo es presumir la culpabilidad de unas personas. Y hasta parece que se les busca culpas.
