El derecho a la libre expresión se extingue en Bolivia. Y lo hace de la mano de quienes están llamados a precautelar y reafirmar este valor tan esencial en la lucha por el respeto y la promoción de todos los derechos humanos.
Opinar libremente, denunciar injusticias y reclamar cambios a los gobernantes de turno es parte vital de cualquier sociedad que se precie de declararse democrática.
Así lo entendemos los trabajadores de La Razón, quienes hemos salido a las calles a protestar —como el resto de los periodistas del país— contra la iniciativa oficialista, ahora consumada parcialmente, de coartar la libertad de palabra a través de los artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Esta es una lucha que recién comienza y que nos corresponde a todos los bolivianos asumir; no sólo a los trabajadores de la prensa, sino a la sociedad en su conjunto. Y es que se trata, al fin y al cabo, de defender a ultranza la libertad de poder expresar nuestra propia individualidad.
No somos, pues, entes autómatas predestinados a adoptar una sola línea de pensamiento. Desde siempre el ser humano ha ejercido su derecho al disentimiento. Y lo seguirá haciendo sin que medie para ello el temor a la represalia del poder. Qué agobiante sería lo contrario: todos marchando bajo el mismo son, bajo la batuta de un solo caudillo.
¿Por qué tanto miedo a la palabra? Sólo basta lanzar una mirada a la historia del país —y, obviamente, a la del resto del mundo— para evidenciar que una de las primeras víctimas de los gobiernos intolerantes y autoritarios ha sido la libertad de expresión. Esto se tradujo a través de la cárcel, el exilio y la muerte de aquellos que se opusieron a acallar sus ideas.
La prensa garantiza que la voz de la gente sea amplificada. Que el ciudadano de a pie, el empresario, el político opositor y el oficialista, entre otros, puedan reclamar por aquello que consideran injusto. Que coloquen sus anhelos en nuestras espaldas para que la transmitamos a otros soñadores que, luego, se sumarán a su ideal.
A través de nuestras páginas, asimismo, se han develado casos de corrupción de funcionarios públicos que, de lo contrario, hubieran permanecido ocultos ante la sociedad y, fundamentalmente, ante los ojos de aquellas autoridades que confiaron en la honestidad de ellos al darles una responsabilidad estatal.
Que hay excesos que nacen desde el propio seno del gremio periodístico, eso no lo negamos. Que nuestras regulaciones deben adecuarse a estos nuevos tiempos, tampoco. Pero es inadmisible que, a cuenta de estas falencias, se intente proscribir el derecho que tiene toda la ciudadanía de ser informada. Es ella, después de todo, a la que nos debemos.
Sindicato de Trabajadores de La Razón.
