Han pasado 23 días desde la promulgación, el 8 de octubre, de la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. A tres semanas de vigencia de la ley, y luego de que la dinámica noticiosa del día a día bajara la intensidad de la polémica en su contra, impulsada por periodistas y propietarios de medios, conviene volver sobre la norma.
El objetivo de considerar el tema en este espacio es replantear el debate de fondo, que es ¿cómo dejar de ser una sociedad discriminadora? Las lecturas más escépticas pondrán el acento en que, ciertamente, una ley no es el camino más efectivo, y mucho menos una que hace énfasis en la sanción. Sin embargo, debe reconocerse que la existencia de una ley sobre la materia es la piedra fundamental sobre la que debe construirse el edificio de la política pública. La Ley 045 establece esas bases, como deja sobre la mesa de debate asuntos no resueltos en el tejido fino de la norma. Cumple, de todas formas, una tarea pendiente del país ante la comunidad internacional.
El capítulo segundo de dicha norma está dedicado a las «medidas de prevención y educación»; y en él un extenso artículo 6 prescribe las acciones para los ámbitos educativos, de la administración pública, de la comunicación, información y difusión, y en el ámbito económico.
De esto, que debiera considerarse el corazón de la política pública destinada a luchar contra las discriminaciones y con ellas parte de las más hirientes desigualdades, se ha hablado poco o nada. Hay, por tanto, una extensa agenda de seguimiento y discusión escasamente evocada en los distintos espacios de discusión pública.
El capítulo tercero hace referencia a la creación del Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y define para éste una abierta y plural composición, que incluye, además de las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno, a los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil. Estas últimas están llamadas a formar parte de las primeras aproximaciones a lo que debiéramos entender como la esencia de esta instancia. Y debiera estar garantizado el derecho a disentir y a denunciar la falta de diálogo plural.
El capítulo quinto establece los delitos, disponiendo modificaciones en el Código Penal, donde ahora ya existen los delitos de «racismo» y «discriminación»; «difusión e incitación al racismo o a la discriminación», entre otros. Existen numerosas vertientes críticas que cuestionan la efectividad de los sistemas penales; desde este punto de vista mucho se pudo haber cuestionado respecto de los alcances punitivos de la ley, pero la atención de las y los informadores estuvo centrada en la pérdida de un fuero y los peligros (que los existe si no se penetra en la construcción responsable de una reglamentación, dado el recorrido ya sellado de la ley) para la libertad de expresión.
La disposición final de la norma señala un plazo de 90 días para que el Órgano Ejecutivo elabore la reglamentación «en base a un amplio proceso de concertación y participación social». Han pasado 23 días y queda desear que en el futuro se evite cualquier posible vulneración al derecho a las libertades de expresión y de prensa. La principal consigna, válida para todas las voces llamadas a esta construcción, es salir de la consigna, de la frase hecha, del lugar común y plantear posiciones basadas en la información sobre la ley y sobre su contexto.
La lucha contra las discriminaciones, incluida la racial, no será efectiva mientras persistan la intolerancia y la incapacidad de dialogar (de un lado y otro), pero sobre todo, mientras, como sociedad, sigamos negando nuestras actitudes erróneas en lugar de modificarlas.
Hoy, más que nunca, el país requiere del equilibrio responsable para llevar adelante una norma necesaria como urgente, tanto en las relaciones entre bolivianas y bolivianos, como en nuestro trato diario con las instituciones.
El camino deseado es pasar de lo meramente punitivo al impacto educativo de la norma, lo que no se logra, sino, cultivando diariamente valores como la empatía y la tolerancia. Por todo ello, es preciso, desde la postura personal de cada quien, leer o releer la nueva ley con mente amplia, crítica, exenta de prejuicios.
