La situación inaceptable de muchos guaraníes en el país viene siendo advertida desde hace años sin resultados visibles hasta ahora, más allá de los esfuerzos realizados por los últimos gobiernos. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, emitió el 2005 una resolución en la que, entre otras cosas, alertaba de las condiciones injustas de servidumbre a las que eran sometidas familias enteras en el Chaco boliviano.
Cabe aclarar, y conviene no olvidar, que la explotación laboral no se circunscribe a esa zona, sino que lamentablemente abarca también otras como la región amazónica de Pando, donde la recolección de la castaña no siempre se cumple con dignidad y marca una triste realidad señalada en su momento incluso por la Organización Internacional del Trabajo.
Si un sector merece atención, después de permanecer por siglos marginado de las políticas públicas, es el indígena. Ninguna ley supo hacer justicia con los guaraníes, desoyendo el clamor de instituciones y organizaciones de derechos humanos que han denunciado una y otra vez el cautiverio de familias y su tensa relación laboral con el patronazgo.
Con la presión del Gobierno a los hacendados, el Estado comienza a revertir el abandono al que tenía sometidos a los indígenas guaraníes. Y la sociedad toda se enfrenta ante la posibilidad de examinar su accionar en esta problemática que atinge a hermanos connacionales olvidados por la historia.
Es también la oportunidad de revisar la hollywoodense idea de que la esclavitud se halla sólo en las esposas y las cadenas que aprisionan manos y pies. La servidumbre tiene formas actuales y se traduce en inadmisibles condiciones de semiesclavitud que se resisten a desaparecer en varias regiones del país, aunque a muchos les cueste reconocerlo hasta el día de hoy.
Quizá el reconocimiento económico dispuesto para un primer grupo de familias guaraníes no sea el más justo, el que les corresponda por su trabajo y, sobre todo, por su sacrificio. Igualmente, el dinero no alcanza para cubrir los daños morales y emocionales ocasionados durante décadas a personas que, en algunos casos, según denuncias de instituciones y reportes periodísticos, fueron tratadas como esclavas. Por lo menos, si de algo sirve, queda la sensación de justicia y eso, en un país donde está pendiente la restitución de los derechos humanos de vastos grupos humanos, es un gran avance.
