El Defensor del Pueblo, en un esfuerzo loable y, a la vez, inherente a su rol dentro del Estado, acaba de presentar, como viene haciendo desde el primer año de esta institución, un listado de los 15 derechos humanos más vulnerados, así como de las 15 entidades más denunciadas por la población a lo largo del año pasado. Nadie puede negarle al Gobierno su derecho a replicar los cuestionamientos, pero se exige un mínimo de humildad para reconocer las elocuentes debilidades, por ejemplo, de la Justicia y la Policía bolivianas.
Las primeras repercusiones al contenido de dicho documento tuvieron la característica de la irritación y la susceptibilidad. Las responsabilidades marcadas por el vocero gubernamental, en una pretendida diferenciación de lo que cabe para los poderes Ejecutivo y Judicial, pecan de soberbia y acaban sobrando a la luz de la intención y el objetivo social del informe defensorial.
La falta de novedad en el hecho de que el 70% de las personas recluidas en las cárceles no tengan sentencia ejecutoriada, no significa que debamos hacer la vista gorda o que el Ejecutivo se limite a señalar la culpa del vecino.
El desafío a que se presenten pruebas de las torturas en la Policía también resulta extralimitado; no hace mucho se supo del calvario de David Olorio en celdas policiales y es muy difícil creer que se trata de un caso aislado. Por supuesto que si alguien tiene pruebas debe exponerlas, pero tampoco se intente tapar el sol con un dedo porque la gente conoce la realidad del país donde vive.
No constituyen un ataque malintencionado las estadísticas mostradas por el Defensor, pues son parte de su mandato; y no era necesaria una respuesta de ese calibre sino más bien un reconocimiento de que tanto los poderes del Estado como la sociedad en general tienen mucho por hacer en el campo del respeto a los derechos humanos. Lo propio ocurre con la Policía y las FFAA, especialmente éstas últimas, que deben saldar su deuda pendiente con la desclasificación de los archivos de la dictadura y ayudar a hallar el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Párrafo aparte para la insistencia en que la «cultura del diálogo» no muera en la retórica. En suma, el Defensor clarifica su independencia del partido gobernante y deja la enseñanza de que ninguna institución de esta índole debe dar por hecho que se respetan los derechos humanos sólo porque rijan gobiernos de convicciones populares.
