Según la denuncia de los privados de libertad, una de las tuberías del baño se rompió justamente en la parte que pasa por la cocina, provocando un potencial foco de infección. Como medida de presión para lograr que las autoridades reparen la rotura, los reclusos impidieron durante un día la salida y entrada de personas al recinto carcelario.
En la negociación para terminar con la protesta, que afectó a los propios internos que debían asistir a los juzgados, el Director de Régimen Penitenciario reconoció la gravedad de la situación de deterioro de la infraestructura y señaló que la solución es construir un nuevo recinto; sin embargo, no pudo dar ningún indicio de que dicha solución pueda concretarse siquiera en el mediano plazo.
Y si esa falta de certeza en la posibilidad de contar con un nuevo penal —pues según el director de Régimen Penitenciario no hay ni terreno ni financiamiento para el proyecto—, es poca muestra de indolencia, en la misma reunión la autoridad señaló la responsabilidad de los internos por hacer refacciones y transformaciones en el edificio, cuya construcción data de 1895.
Parece haber olvidado el funcionario que las «refacciones» hechas por los internos del penal responden menos a caprichos estéticos o arquitectónicos que a necesidades reales. Allí donde deben convivir 1.700 personas en un espacio pensado para 300, allí donde el exiguo espacio está librado al control no de los policías, sino de los propios internos, que comercian con él, reproduciendo la ciudad, con sus diferencias de clase y posición económica, poco se les puede pedir a los internos en materia de cuidado con la arquitectura original.
Dice el representante de los internos que son ellos mismos los que deben hacerse cargo de los arreglos, pues entre solicitarlo a la autoridad y obtener una respuesta favorable puede pasar demasiado tiempo; y considerando lo que puede observar cualquier visitante del Panóptico, ni los privados de libertad ni las autoridades logran hacer gran cosa más allá de lo absolutamente imprescindible.
San Pedro es apenas un caso; los detalles aquí señalados se repiten, de manera más o menos idéntica, en casi todos los penales del país, como lo demuestran numerosos informes de la Defensoría del Pueblo a lo largo de la última década, y sin embargo nada cambia. Las autoridades deben recordar que al perderse la libertad no se pierden los demás derechos, especialmente la dignidad.
