Cochabamba se ha convertido en el epicentro de una crisis penitenciaria de carácter nacional. Los reos de El Abra y San Sebastián han iniciado una protesta exigiendo mayor presupuesto para su alimentación y mejores condiciones para superar el hacinamiento y el trato inhumano que se vive en estos y otros recintos penitenciarios. El Gobierno ha ofrecido incrementar en 20% el presupuesto de Bs 5 para la alimentación de cada uno de los reos, pero ellos solicitan Bs 15.
Más allá de las posibilidades estatales para cumplir o no estos pedidos, cabe preguntarse por su legalidad moral y constitucional, y la respuesta es afirmativa. Las normas y los tratados firmados por el país conminan al Estado a garantizar que la restricción de la libertad no cause más limitaciones a los derechos del detenido que las establecidas por la ley, en relación con su condena. Sin embargo, en la mayoría de los centros se está restringiendo un conjunto más amplio de derechos, como el de salud, alimentación, trabajo y vivienda. En este sentido, el Gobierno está obligado a presentar soluciones concretas que restituyan los derechos que actualmente están siendo vulnerados en las cárceles; y estas respuestas deben incluir mucho más que el incremento del prediario.
