El artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, bajo amenaza de inhabilitación del candidato y sanción penal a los medios de comunicación, prohíbe, entre otras, las entrevistas y la difusión de documentos sobre los candidatos, que no sean los producidos por el Órgano Electoral. Son aspectos fundamentales para el trabajo de los periodistas en función de informar al ciudadano con veracidad, como manda la Constitución Política del Estado.
Si somos respetuosos de las normas que rigen en el país, cualquier camino que se busque para vulnerar esta disposición es hacerle una gambeta, por decir lo menos, a la ley.
La elección de los futuros administradores de justicia, por su importancia, no debería dar lugar a que los ciudadanos busquen la manera de eludir el cumplimiento de la norma y menos que sean las propias autoridades las que induzcan a esta situación, amparados en reglamentos que son disposiciones que no reemplazan la supremacía de la Ley de Régimen Electoral y menos de la Carta Magna.
Por eso, pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional que modifique el artículo 82 parece pertinente y una buena señal. Si bien la decisión se justifica bajo los principios de la libertad de expresión, también está claro, por las expresiones del Presidente, que persistirán algunas limitaciones.
No obstante, el camino elegido por el Ejecutivo calma las aguas. Tanto debate sobre las prohibiciones y sanciones, lo único que estaba generando es que vuele la imaginación de los interesados en postularse a la judicatura, así como de opositores y ciudadanos para aprovechar al máximo los recursos que brindan las tecnologías de la información y así sortear las prohibiciones.
Si bien el anuncio de modificar el artículo 82 está hecho, aún es necesario esperar la propuesta técnica que presentará el Tribunal Supremo Electoral para que el Presidente envíe el proyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De mantenerse las restricciones para que la prensa escrita, la radio y la televisión no puedan brindar amplia información a la población, no deberá extrañar que aparezcan panfletos, grafitis, publicaciones clandestinas y mensajes en las redes sociales o mensajes de texto en los teléfonos celulares, que sólo afectarán la democracia y desvalorizarán el voto popular.
Sólo como ejemplo, en abril pasado, dos días antes de las elecciones, los peruanos burlaron la Ley Electoral que prohibía difundir encuestas, usando fórmulas ingeniosas. Una de ellas decía: Lepra 28%, fiebre amarilla 22%, alzheimer 19%. Lepra aludía a Ollanta Humala; fiebre amarilla a Keiko Fujimori y alzheimer a Pablo Kuzcysnnki por sus 72 años.
Por ello, gambetear la norma, no. Es mejor cumplir la Constitución.
