En la versión del anteproyecto de Ley General de Transportes conocida por este diario, se establece que «la antigüedad de las unidades que prestan servicio de transporte público automotor interdepartamental, interprovincial y urbano no debe ser mayor a 12 años». Añade que «se otorgarán siete años para que los operadores (…) renueven sus unidades».
Previsiblemente, el máximo ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia ya anunció resistencia activa al mencionado artículo del proyecto de ley, amenazando con «una convulsión social tremenda» si éste es aprobado. El temor del dirigente transportista se basa en la evidencia del precario estado que caracteriza al parque automotor del transporte público.
Hasta hace poco, era frecuente ver en los medios de comunicación estampas románticas de La Paz mostrando los antiguos buses de la Línea 2, emblemática de Sopocachi. Hasta que uno tras otro de esos buses comenzaron a causar peligrosos accidentes precisamente por su antigüedad. Con más o menos diferencias, la situación es generalizada en casi todo el país.
Consecuencia del envejecimiento de los antiguos buses es el efecto de ‘miniaturización’ y multiplicación de los vehículos, pues de buses de más de 40 pasajeros se llegó a extremos como el del trufi, en el que un coche diseñado para cuatro pasajeros transporta cinco, no sólo incómodos, sino además en peligro, pues el espacio del conductor resulta severamente disminuido. Los choferes calculan que en el país hay 117.000 vehículos de transporte público, entre micros, buses, minibuses, taxis, radiotaxis y otros.
En esas condiciones, es comprensible que los choferes se vean incapaces de obtener el financiamiento, la seguridad jurídica y el repago de los créditos que el dirigente del gremio reclama para que la ley pueda ser considerada como viable. Al respecto, el anteproyecto establece además que el Órgano Ejecutivo, los gobiernos departamentales y municipales, en un plazo de seis meses después de promulgada la ley, deberán establecer mecanismos de fomento para la renovación de los coches públicos.
Considerando la proverbial actitud reactiva a todo cambio que caracteriza al gremio de los choferes, habituados además a un marco de abuso hacia los usuarios e impunidad, es previsible que el conflicto será amargo. Ojalá que esta sea la ocasión para que el Gobierno por fin intervenga efectivamente en el sistema de transporte de pasajeros.
La ocasión está dada.
