En efecto, la celeridad en el tratamiento de esta norma debiera responder, por una parte, a criterios estratégicos más o menos obvios a la luz de la importancia que tiene para la seguridad del país un adecuado y confiable sistema de registro de personas. Por la otra, debe recordarse que en todas las anteriores ocasiones en las que se propuso el trascendental paso que está a punto de darse, los sectores más conservadores de la Policía lograron evitar que se haga realidad a fuerza de movilizaciones y amenazas, que podrían repetirse si se deja pasar más tiempo.
Por lo que puede verse, la institución verde olivo no ha reaccionado como tradicionalmente lo hacía respecto de este asunto, tan sensible a los intereses de algunos oficiales que se acostumbraron a medrar de la burocracia implícita en el servicio de identificaciones y de licencias, debido precisamente a que fue la propia oficialidad, o parte de ella, la que echó sombras sobre la idoneidad de la institución toda, que de esta manera ha perdido la posibilidad de emplear cualquier argumento mínimamente aceptable para oponerse al cambio.
Y es que probablemente no haya una sola persona poseedora del carnet de identidad en todo el país que no tenga alguna amarga anécdota para contar respecto del frustrante trámite exigido para obtener el documento de identidad y al cual se asocian diversos mecanismos de corrupción institucionalizada. He ahí por qué la medida ha sido bien acogida por propios y extraños.
Concomitante con la eliminación de la burocracia policial vinculada al registro y administración de las bases de datos con la información sobre los habitantes del país está la promesa de que más de un millar de policías dejarán de trabajar detrás de sus escritorios para mejorar el patrullaje en las calles y así reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana; segundo argumento en favor del cambio, que sólo puede ser recibido con optimismo o, al menos, expectativa.
Sin embargo, en el curso del debate parlamentario, se han escuchado posiciones de rechazo, que por lo demás han provenido únicamente de una diputada desacreditada por su hasta ahora impune costumbre de difundir rumores y declaraciones difamatorias, lo que da cuenta de la fortaleza del proyecto de ley.
Hay, pues, motivos para mirar el proceso con buenos ojos, ya que, de un modo u otro, la otorgación de carnets y licencias de conducir sin la Policía de por medio sólo puede ser mejor.
