La creciente escasez de agua y el aumento paulatino de las sequías son dos de los efectos más previsibles del cambio climático; externalidades demasiado evidentes y relevantes como para ser asumidas con indiferencia. Es en este entendido que, desde hace ya varios años, las autoridades del Perú están tomando provisiones para garantizar la distribución de este vital elemento a las regiones más alejadas de su territorio. Y lo mismo pasa, sin duda, con la gran mayoría de los países; pero éste no parece ser el caso de Bolivia.
En efecto, mientras el Perú gasta millones de dólares para desviar parte del caudal del río Mauri – Maure hacia la ciudad fronteriza de Tacna, que alberga a más de 300 mil habitantes; ejerciendo su derecho de utilizar parte de su caudal como mejor le parezca; en el país, las autoridades empiezan a reaccionar sólo cuando la situación se torna insostenible.
El caso, por ejemplo, del municipio boliviano de Charaña, que recién ha llamado fuertemente la atención de las autoridades, porque los principales afluentes (los ríos Uchusuma y el Caño) que permiten la supervivencia de la población y los animales de esa región extremadamente árida se están secando, en parte debido al calentamiento global, pero también por el desvío del río Mauri en el lado peruano.
