En efecto, no sólo la teoría sino sobre todo la experiencia alertan sobre este tipo de medidas. Bolivia es un país con amplias fronteras y tiene a su alrededor cinco vecinos económicamente más fuertes. Esta situación le impide mantener los precios internos por debajo de los internacionales, más allá del esfuerzo o de los recursos que se destinen para tal efecto, especialmente cuando se trata de bienes fácilmente transportables y ampliamente cotizados, como los carburantes o los alimentos.
Sabemos de sobra que la lucha contra el contrabando de combustibles ha resultado insuficiente, y no por la falta de voluntad política, sino de medios que contrarresten el lucrativo negocio que significa vender más caro en el exterior aquello que se compra barato dentro del país. Y lo mismo sucede con los alimentos; para muestra, basta el azúcar. Tan sólo hace algunos meses, la buena intención de fijar un precio accesible de este bien (Bs 3,60 el kilo), cuando alrededor nuestro se cotizaba en más del doble, provocó su salida vía contrabando.
En defensa de esta disposición, la Ministra de Desarrollo Productivo señaló que la delimitación de un rango de precios ha dado buenos resultados en el pasado con el aceite, obligando a exportar tan sólo los excedentes. Esta visión, sin ser errónea, es incompleta. El fijar el precio de un alimento puede resultar positivo siempre y cuando se trate de una medida extraordinaria y de emergencia. Pero cuando una disposición de esta naturaleza se inscribe como norma, es decir, pensada para el mediano y largo plazo, además de abrir las puertas al contrabando, desincentiva la producción.
No se puede olvidar que en este mundo moderno y globalizado la mayor ganancia es la que, nos guste o no, rige la lógica del mercado. No sólo los grandes sino también los pequeños productores buscan invertir sus recursos en negocios que les garanticen el mayor beneficio. Entonces, si de entrada se le dice a un agricultor que no va a poder trasladar los costos y réditos al precio final de su producto, sencillamente optará por dedicarse a otro tipo de cultivo o negocio.
Como bien advierte el director del IBCE, Gary Rodríguez, en una de sus colaboraciones publicadas por este diario, la ley del mercado no puede ser ignorada; siempre será mejor un precio real antes que uno artificialmente bajo que haga que el producto salga de contrabando y siempre es preferible pagar un poco más en el mercado abierto que muchísimo más en el mercado negro, incomodidades y largas colas de por medio.
