En efecto, el hecho de que en dos meses, una jueza y dos fiscales en ejercicio hayan sido recluidos por el incumplimiento de sus deberes, y que varios otros están siendo investigados y procesados, representa no sólo una alentadora señal de voluntad política por transparentar la justicia nacional, sino también y sobre todo un aliciente para la población.
Una población cansada de tener que soportar la dilación de los procesos, imputaciones injustas, innumerables casos de prevaricatos, extorsiones y otro tipo de arbitrariedades institucionales, como la imposición de cancelar un porcentaje (0,5%) sobre el monto demandado cuando se inicia un proceso de carácter ejecutivo o coactivo, dispuesto por los tribunales al margen de la propia ley, en desmedro de la economía de los litigantes ya bastante abrumados por los cobros que deben asumir durante los pleitos judiciales.
Arbitrariedades diversas y recurrentes que en este mismo espacio anteriormente nos llevaron a afirmar que el aparato judicial del país adolecía de deficiencias estructurales, cuya solución pasaba no sólo por el reemplazo de sus principales actores y administradores, sino también por la reconstrucción de todo su andamiaje.
El mismo hecho de que en éste y otros medios de comunicación se esté resaltando como positivo el arresto de la jueza 2° en lo Penal de El Alto, Jenny Prado, por dejar libres a seis delincuentes reincidentes capturados en flagrancia, y que los fiscales Humberto Borges Ameller y Borda Erlan Eid Rivera hayan corrido la misma suerte por exigir dinero para favorecer una imputación, pone en evidencia la mala salud por la que atraviesa la administración de la justicia nacional.
Cabe esperar que estos arrestos y procesos que se están llevando a cabo no sólo lleguen a buen puerto, de manera justa y transparente, sino sobre todo que este tipo de sanciones dejen de ser una excepción, anunciada con bombos y platillos por los medios, y que terminen por constituirse, más pronto que tarde y de la mejor manera, en una norma.
Solo así la población podrá acceder a un sistema judicial ecuánime y transparente, capaz de inclinar la balanza no de acuerdo con el estatus o el bolsillo del litigante, sino por los hechos y argumentos presentados; sólo así cientos de personas ya no tendrán que seguir clamando al cielo, esperando por una justicia divina, infalible, que a veces tarda pero llega.
