En efecto, los trabajadores de la empresa iniciaron esta semana una huelga demandando la renuncia de los dos miembros que quedan en el directorio de la empresa y de su Gerente General.
EPSAS nació con plazo fijo, que ha sido abundantemente superado. Se suponía que era una solución temporal para no afectar la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado, mientras se constituyera una empresa que involucrara a los gobiernos municipales de La Paz y El Alto. Ha pasado más de un lustro desde entonces y nada ha cambiado, especialmente la actitud del sindicato y la falta de interés de las autoridades públicas responsables de garantizar la institucionalidad de esta empresa.
Asimismo, la empresa fue creada para reemplazar a la transnacional concesionaria Aguas del Illimani, que había incumplido sus metas de expansión; pero el reciente conflicto en el Distrito 8 de El Alto demostró que éstas siguen sin cumplirse. Hasta es posible sostener que algunos aspectos de atención al usuario y, fundamentalmente, de reclamos y mantenimiento han desmejorado.
Lamentablemente, es difícil imaginar que, incluso si los objetivos de la huelga fuesen satisfechos y el directorio de la empresa fuese retirado o renovado, los problemas estructurales de EPSAS serán solucionados. No significa que la empresa vaya a quebrar o, mucho menos, desaparecer, pues por una parte el servicio es imprescindible y, por otra, la naturaleza de éste permite que el flujo de agua potable no sea interrumpido, incluso en caso de que los trabajadores, como ahora, dejen de realizar sus actividades. La situación es idéntica a la que se ha vivido en muchas ocasiones en la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), donde el sindicato solía poner en jaque a la administración, independientemente de quiénes fuesen los ejecutivos, poniendo en riesgo las funciones administrativas y el flujo de caja, pero, afortunadamente, no el servicio.
Sin embargo, también hay importantes diferencias, pues la empresa de agua, como lo señala su nombre, es pública, lo que significa que sus problemas deben encontrar una solución distinta y de seguro involucrando la acción de las autoridades locales y nacionales.
Sería, pues, deseable que, en el marco de la solución del actual conflicto, el Ministerio de Agua y los gobiernos municipales de La Paz y El Alto busquen y encuentren una salida no sólo a la huelga y las demandas de los trabajadores, sino al dilema institucional, pues, de lo contrario, es fácil prever que los conflictos seguirán reproduciéndose.
