En efecto, dos sindicatos de balseros, el 16 de Noviembre y el 21 de Noviembre, controlan el paso de automóviles y personas a través de la franja de agua que separa las poblaciones de San Pedro y San Pablo de Tiquina, y han sido varias las ocasiones en las que se han movilizado en contra de cualquier iniciativa que amenace su virtual monopolio del transporte de una a otra orilla del estrecho. De acuerdo con la explicación brindada por uno de los dirigentes, el Artículo 313 de la ley establece la libre competencia para el sector del transporte acuático lacustre, situación que en su opinión ‘discrimina’ a los balseros y habilita la posibilidad que al menos dos conocidas empresas turísticas que operan en el lago Titicaca les hagan competencia.
Como se ha señalado, no es la primera vez que ese gremio protesta e impide el paso de personas, bienes y automóviles. En los últimos años, los balseros se han movilizado en al menos tres ocasiones en contra de un viejo proyecto de construir un puente sobre el estrecho, siempre apelando a su derecho al trabajo. En todos los casos, han preferido ignorar el hecho que el traslado de vehículos a bordo de viejos pontones de madera es muy inseguro, como lo demuestran los episódicos casos de hundimiento de estas embarcaciones, que no sólo causan pérdidas materiales sino, en ocasiones, de vidas humanas.
Asimismo, se sabe que en las lanchas habilitadas para el traslado de pasajeros raramente se observan normas de seguridad tan elementales como el uso obligatorio de chaleco salvavidas, y los efectivos de la Fuerza Naval que controlan ambas orillas del estrecho se muestran incapaces de lidiar con la resistencia de los balseros a cumplir con estas disposiciones, excepto, durante unos pocos días, después de que ocurre algún accidente.
Finalmente, tampoco parece importarles mayormente la evidencia de que un puente, sea a través del estrecho o uniendo algunas de las islas que hay entre Tiquina y la bahía de Copacabana, como era un proyecto de la ya desaparecida Prefectura de La Paz, además de ser más seguro hace más eficiente el transporte y, en última instancia, beneficia a otros sectores de la población que vive en esa zona.
Es, pues, otro ejemplo de cómo el bien común es ostensiblemente ignorado cuando se trata de defender los intereses del grupo, incluso a pesar de que la Constitución Política del Estado prohíbe explícitamente la existencia de monopolios y oligopolios, como es el caso de los balseros de Tiquina.
