En efecto, el 16 de octubre se cumplirá con un paso más el proceso de reingeniería institucional dispuesto en la nueva Constitución Política del Estado, que en este caso tiene la particularidad de ser una elección inédita, pues, por lo que se sabe, en ningún país la ciudadanía vota por quienes serán las cabezas del Judicial. Así, aunque no esté expresamente señalado en la normativa desarrollada para posibilitar la elección de octubre, quienes sean electos tienen la histórica misión de reconstruir la institucionalidad del tercer poder del Estado, hasta ahora señalado como tradicionalmente ineficaz en la administración de justicia.
Precisamente por ser un proceso inédito, las fuerzas opositoras han visto en él una oportunidad para afectar la gestión de gobierno, pues es éste el que lo impulsa como parte de la construcción del nuevo Estado. Asimismo, al no poder evitarla, algunos partidos de la oposición están usando la elección con fines de proyección política no de sus candidatos al Judicial, sino de sus líderes, más preocupados de sus posibilidades el 2014 que de cambiar un sistema de justicia proverbialmente temido por sus vicios.
Por ello es que el discurso opositor ha evitado reconocer que quienes sean electos como miembros de los tribunales Agroambiental, Constitucional y Supremo de Justicia o del Consejo de la Magistratura, al tener un mandato emanado de las urnas, incluso si hubiesen sido favorecidos políticamente durante la selección de postulantes, tal y como han denunciado portavoces de la oposición, están obligados a cuidar su independencia de cualquiera de los otros órganos.
Por otra parte, hay una dificultad inherente al tipo de elección que se producirá, y es que no solo los postulantes son muchos, 116 en total, sino que además están prohibidos de acudir a las técnicas habituales de promoción de su candidatura, y queda en manos del Órgano Electoral la difusión de información suficiente para que la ciudadanía pueda decidir su voto. La tarea, incluso sin considerar los ataques opositores, ha resultado ser monumental.
Se tiene, así, un proceso que entraña múltiples retos, pues el objetivo final de conformar un cuerpo de autoridades judiciales dependerá del éxito que se tenga en la organización y realización de las elecciones, que a su vez será fruto del interés y motivación que tenga el electorado no sólo para acudir a las urnas, sino ante todo para informarse adecuadamente y actuar en consecuencia.
