Aunque debería, el conflicto con el grupo de víctimas de violencia política en tiempos de dictadura no ha sido resuelto pese a la aprobación, el martes 1 de mayo, del Decreto Supremo 1211, que reglamenta la aplicación del beneficio, pues quienes mantienen una vigilia frente al Ministerio de Justicia desde hace siete semanas han decidido rechazar la norma.
La razón para que este grupo se oponga al decreto, según explicó el representante de los movilizados, que viven en carpas instaladas en el paseo de El Prado desde el 13 de marzo, es que sus nombres no aparecen en la lista oficial y definitiva de merecedores del beneficio establecida en la disposición adicional única de la Ley 238 de Resarcimiento Excepcional por Violencia Política, que modifica la Ley 2640, del 11 de marzo de 2004, impulsada, irónicamente, por el entonces diputado Fernando Kieffer, activo participante de la dictadura de Hugo Banzer en la década de 1970.
El decreto promulgado el martes autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asignar un importe de $us 3,6 millones, del Tesoro General de la Nación (TGN), para cubrir el 20% del resarcimiento comprometido a las víctimas de dictaduras; el restante 80% debería ser obtenido de fuentes de la cooperación extranjera; y ese es otro de los factores de conflicto, debido a que actualmente no existe ninguna perspectiva de obtener ese dinero.
En opinión del representante de los movilizados, “antes se debió publicar la lista de los más de 1.700 beneficiarios con montos individuales”, ya que ese paso serviría para identificar a torturadores, funcionarios públicos y también agentes del Ministerio del Interior de esa época que, temen las verdaderas víctimas de la violencia política, podrían estar en el listado.
En el curso del conflicto, ha causado profunda extrañeza no tanto la demanda en sí, pues se sabe que el proceso de calificación de beneficiarios fue moroso y complejo, sobre todo considerando que de más de 6.000 solicitudes presentadas sólo 1.700 fueron aprobadas, sino algunos métodos de presión empleados, especialmente las amenazas de hacer detonar dinamita, poniendo en riesgo sus propias vidas y las de los ocasionales transeúntes, así como frecuentes bloqueos de la avenida donde están apostados y que es parte de la vía troncal que atraviesa la ciudad.
Pero lo que más llama la atención en toda esta protesta es que se ha apelado a la memoria de las luchas contra la dictadura y las heroicas acciones para recuperar la democracia como argumentos para acceder al dinero del beneficio, lo cual es legítimo; sin embargo, en ningún momento se ha pedido aquello que debiera importar más: la necesidad de llevar a los culpables de tanta violencia y dolor ante la Justicia. Parece, pues, que los valores en este caso están confundidos.
