En una entrevista dada últimamente al diario El Mercurio de Santiago, el canciller de la República, David Choquehuanca, ha reiterado el derecho boliviano a una salida propia y soberana al océano Pacífico. Y manifestó que nuestro país nuevamente presentará un informe sobre ese tema, como lo hace desde hace más de 20 años, en la próxima reunión de la Asamblea General de la OEA que se efectuará en Cochabamba.
Pero sabemos que existe ahora un problema casi insoluble: la negativa del Gobierno chileno a negociar una salida al mar para Bolivia en forma soberana. Conviene destacar al respecto las declaraciones que efectuó el excandidato a la presidencia de Chile Marco Enríquez-Ominami, joven político de izquierda, al periódico La Razón, de que en la cuestión del mar se avanzó mucho más durante la dictadura del general Pinochet que en las más de dos décadas de democracia chilena.
Cabe recordar que el general Pinochet, en la llamada negociación de Charaña, ofreció a nuestro país un corredor al norte de Arica, con plena soberanía. Y exigió a cambio una compensación territorial, es decir, que se efectúe un canje de territorios para que ninguno de los dos estados, Bolivia y Chile, pierda territorio.
En la mencionada entrevista, el canciller Choquehuanca recordó que existe una resolución de la OEA (la primera sobre dicha materia) donde se propone que se solucione el problema marítimo boliviano, pero sin compensación territorial; y aclaró que “esa resolución está vigente y desde entonces hay otras que la refuerzan”. Pero lo que Choquehuanca no tomó en cuenta es que esa resolución, emitida en La Paz en 1979, fue rechazada por Chile, precisamente porque en ella se incluían absurdos condicionamientos, como el que no haya compensación territorial.
Sería mucho más conveniente que recuerde la resolución de 1983, la cual fue redactada por los cancilleres de ambos países, conjuntamente con el de Colombia, y fue aprobada por unanimidad. Dicha resolución señalaba textualmente: “Exhortar a Bolivia y Chile a que, en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento y de reforzamiento de la amistad de los pueblos boliviano y chileno, orientado a una normalidad de sus relaciones tendiente a superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico, sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de todas las partes involucradas”.
El problema de las compensaciones fue la causa principal del fracaso de las tres principales negociaciones que se realizaron con Chile en la segunda mitad del siglo XX, la de 1950, de 1975 y 1987. En ellas hubo acuerdo sobre la solución de nuestro enclaustramiento, en base a la cesión chilena de una franja al norte de Arica; pero en lo que no lo hubo fue en la compensación que se debería otorgar a cambio de ese corredor.
Cabe señalar que para superar la actual tozudez chilena de no tratar la cuestión de soberanía, no se debiera insistir nuevamente en el rechazo a una compensación territorial, pues además con un canje no se gana ni se pierde territorio. Sólo que con el trueque de territorios Bolivia habría alcanzado, después de más de un siglo de encierro, ser ribereño del Pacífico y, de este modo, liberarse de la penosa dependencia que actualmente vive respecto a su comercio exterior.
En consecuencia, es menester dejar de lado la resolución de 1979, que tuvo el mérito de haber sido la primera consentida por la OEA sobre la cuestión marítima, pero que nunca fue aceptada por Chile. Lo lógico sería que se recordase en Cochabamba la resolución de 1983, y se propusiera un homenaje por su gran espíritu integrador a quienes la presentaron, los cancilleres de Bolivia, Chile y Colombia, don José Ortiz Mercado, don Miguel Schweitzer y don Rodrigo Lloreda, respectivamente. Esta resolución sí compromete moralmente a Chile y da pautas efectivas para un nuevo entendimiento entre los dos países para superar el enclaustramiento geográfico nacional.
