El jueves 10 de mayo, celebrando el Día del Periodista, el Presidente del Estado remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de Ley de Seguro de Vida y contra Accidentes para Periodistas “Hermanos Peñasco Layme”. El seguro se financiará con recursos de los medios de comunicación a través de un fondo. Hay que discutir cómo se administrará.
La decisión presidencial de apoyar este proyecto obedece no sólo a la fecha emblemática del gremio periodístico, sino sobre todo a que a instancias de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, el Encuentro Plurinacional en Cochabamba incluyó este compromiso entre sus conclusiones. El conmocionante caso del asesinato de los hermanos Peñasco, periodistas ambos, cuando se dirigían a sus fuentes laborales, se convirtió en una excelente demostración de la importancia de una medida que proteja la vida y la integridad de los trabajadores de la información.
Sin embargo, hay algunos aspectos de la futura norma que todavía merecen amplia discusión púbica, en la que se garantice la efectiva participación de todos los sectores involucrados. Dos de ellos merecen, además, tratamiento prioritario: la definición de quiénes deben considerarse ‘trabajadores de la prensa’ y por tanto cubiertos por el seguro, y los detalles referidos a la creación y funcionamiento de un fondo para pagar las primas.
Respecto al primer aspecto, será necesario desarrollar una clasificación tan exhaustiva como rigurosa, pensando no sólo en la importancia de toda persona vinculada al funcionamiento de una empresa periodística, sino sobre todo en las y los trabajadores independientes, también incluidos como beneficiarios de la medida, pese a que carecen del respaldo institucional que supone el trabajo asalariado.
El segundo asunto es quizá más crítico, pues implica la disposición de recursos privados para constituir un fondo público. Hasta donde se sabe, el artículo 4 señala que este fondo se construirá con aportes de hasta el 1% de los ingresos brutos generados por los medios de comunicación, ya sean escritos, radiales, televisivos y digitales, inclusive productores independientes, lo que naturalmente exigirá una apropiada discusión con todas las empresas periodísticas, al margen del tamaño de su patrimonio.
La administración de este fondo, encomendada a las federaciones departamentales de periodistas bajo el control de un directorio conformado por todos los grupos involucrados, también merece un amplio debate, pues no sólo se trata de asegurar la idoneidad moral de los administradores, que se presupone, sino sobre todo la capacidad técnica para administrar los recursos de manera eficiente y sostenible.
Hay, pues, mucho que discutir, y esta vez corresponde a periodistas y empresarios de la comunicación un papel protagónico en el debate.
