Con motivo de la prolongada huelga de los trabajadores en salud, la práctica privada de la medicina ha tenido un lapso de inesperada bonanza, y no son pocos los consultorios y médicos de prestigio que tuvieron que ampliar su horario de atención para satisfacer la demanda de sus pacientes.
Empero, este fenómeno, de por sí perverso (pues se produjo a causa del cierre de los centros públicos de salud, lo cual debe ser entendido como una flagrante vulneración del derecho a la salud), sirvió para revelar otro aspecto poco observado de la medicina privada: es muy frecuente que clínicas y consultorios no entreguen factura, y por tanto no tributen por el total de sus ingresos.
Así lo evidenció el Servicio de Impuestos Nacionales, que la semana pasada ejecutó inspecciones sorpresa en clínicas y consultorios médicos. De un total de 316 centros de salud visitados en todo el país, el 70% no emitía factura, lo que derivó en la clausura temporal de 107 de ellos y el pago de multas en 114.
Hay, pues, mucho que discutir en torno a la práctica de la medicina y el comercio de servicios relacionados con ella, y uno de éstos debe ser el aporte obligatorio que los profesionales que lucran con la salud deben hacer al fisco, que a su vez debe convertirse en más hospitales y puestos de trabajo para médicos y salubristas.
