La dictadura, de acuerdo con la definición de Ignacio Molina, es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a una persona o un grupo que ejercitan arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que los apoya.
Las hubo en la historia y las hay en la actualidad en decenas de modalidades. Hoy la más común es la denominada, paradójicamente, “dictadura constitucional”, que es una forma de gobierno en la que, aunque aparentemente se respeta la Constitución, en realidad el poder se concentra de manera absoluta en un grupo de personas, que controlan, directa o indirectamente, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Bolivia, que hace más de una década padece los rigores de una crisis de Estado que no termina de resolverse, está actualmente gobernada de facto por una variante dictatorial muy peculiar: la dictadura de las minorías eficaces, de los ejércitos corporativos, eufemísticamente denominados “movimientos sociales”.
Formalmente nos gobiernan legal y legítimamente el presidente Evo Morales, el vicepresidente García Linera, los asambleístas plurinacionales, los ministros y los jueces supremos recién electos. Pero en la realidad, quienes definen todo son las federaciones cocaleras, los cooperativistas mineros, los transportistas, los mineros federados, los gremios empresariales, las asociaciones profesionales, las federaciones estudiantiles y universitarias, y todos aquellos grupos que puedan organizarse para marchar en las calles, cerrar las vías, paralizar las ciudades y evitar que el resto de la ciudadanía desarrolle sus actividades con normalidad.
Acabamos de tener una prueba lacerante de esta realidad con el conflicto que plantearon los sindicatos y las asociaciones de los profesionales y trabajadores en salud para evitar la aplicación de un decreto supremo promulgado por el Gobierno formal. A los médicos y demás interesados en cuestionar el famoso Decreto 1126 no se les pasó por la cabeza plantear un amparo constitucional o un recurso directo de nulidad para hacer valer sus razones. No, hicieron una huelga de casi 50 días, bloquearon, marcharon, apedrearon, hicieron huelga de hambre y, finalmente, cómo no, vencieron.
Lo hicieron de la misma manera que antes impusieron sus intereses los distintos grupos organizados que mantienen en una situación de anomia la relación Estado-Sociedad. En Bolivia hace mucho que no gobierna la ley, sino la correlación de fuerzas entre esos grupos corporativos que impiden la realización plena de la democracia como forma real de gobierno.
Los movimientos sociales son como un tigre sediento, quien cabalga sobre él puede sentirse poderoso un tiempo, pero seguro que tarde o temprano acabará en su estómago.
