El conflicto de Mallku Khota (Potosí) ha puesto en evidencia problemas estructurales de larga data. Por ejemplo, la pobreza y la ausencia del Estado en esa región del país, que inducen a sus pobladores a asumir medidas reñidas con la ley o a aplicar la justicia comunitaria. Con relación a este último punto, llama la atención la sanción impuesta a los dos ingenieros retenidos en la zona desde el 28 de junio, de entregar, en 30 días, 1.000 adobes a la comunidad. Requisito para su liberación que fue establecido luego de un cabildo, en el que se determinó su “culpabilidad” por espiar y vestirse como originarios del lugar.
Al respecto, cabe recordar que si bien el país cuenta, desde junio de 2010, con una ley que reconoce la justicia comunitaria de acuerdo con los usos y costumbres de pueblos indígenas y comunidades campesinas, la norma indica que su aplicación se limita a los miembros de la comunidad. Cosa que no sucede con los dos ingenieros.
Como puede observarse, este caso revela la urgente necesidad de reglamentar la aplicación de esta forma de ejercer justicia; no sólo porque no todos los pueblos comparten las mismas costumbres, sino también y sobre todo para evitar su empleo indiscriminado, que puede llevar a cometer diversos abusos.
