El miércoles, el Presidente del Estado anunció la construcción de un teleférico que unirá las ciudades de La Paz y El Alto por cuenta del Gobierno nacional. Para el efecto, remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de necesidad que autorizará el uso de los recursos necesarios. La noticia fue bien recibida, excepto por los choferes del transporte público.
En efecto, como era previsible, en cuanto se conoció el proyecto, los gremios del transporte urbano de pasajeros se declararon en emergencia, pues evidentemente el nuevo sistema de transporte mermará los ingresos del sector; al menos en el caso de los sindicatos que llevan y traen personas de una a otra ciudad, pero al mismo tiempo es fácil imaginar que de parte de la población será unánime el apoyo al nuevo sistema.
Hasta donde se sabe, el sistema de transporte teleférico tiene la gran virtud de permitir que allí donde a la distancia se suma la diferencia de altura entre dos puntos, el recorrido sea más breve; así, se espera que el viaje de El Alto a La Paz, y viceversa, que hoy toma en promedio más de media hora, se realice en menos de diez minutos, lo que constituye una primera diferencia cualitativa. Otra diferencia de similar importancia estará en la eficiencia que se presume ofrecerá el servicio. Finalmente, cabe la posibilidad de que la más importante de las diferencias esté en el costo que representará para las y los pasajeros trasladarse, aunque todavía no se han conocido los cálculos de costos que permitan afirmar que la combinación del precio del viaje en teleférico con el de otro sistema que les permita llegar a su destino vaya a ser más conveniente.
En previsión de posibles cuestionamientos al hecho que sea el Gobierno nacional el que ejecute una obra de transporte urbano, y no los municipios involucrados, el proyecto de ley señala en su fundamentación que tanto la Constitución Política como la Ley General de Transportes atribuyen al Gobierno central la competencia de planificar políticas y proyectos de infraestructura para este ámbito.
Lo cual no significa que los gobiernos municipales de La Paz y El Alto no deban participar, no sólo en el proceso de construcción, sea cediendo o apoyando la expropiación de predios para las bases y estaciones, sino sobre todo planificando el futuro del transporte público en ambas urbes, fundamentalmente porque el teleférico requiere forzosamente integrarse con otros modos que permitan a las personas trasladarse.
Es, pues, difícil rechazar la construcción de un nuevo sistema de transporte, pues su necesidad es evidente, y significará el inicio de una transformación urgente del sistema de transporte público, no sólo porque la gente hará nuevos recorridos, sino también porque servirá como precedente de la participación estatal en uno de los rubros fundamentales para la población.
