Hoy se recuerdan dos años de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías, y con ese motivo, la semana pasada, el ministerio del ramo organizó sendas actividades de reflexión con expertos en la materia y con periodistas. La conclusión común en ambos casos fue que el proceso ha perdido el brío de años anteriores y está impregnado de un imaginario centralista.
En efecto, a instancias del Ministerio de Autonomías, entre el lunes y el miércoles de la semana pasada se produjo un intenso debate, recogido en nuestro suplemento Animal Político, para indagar la percepción acerca del avance del proceso autonómico. La primera percepción compartida es que el proceso avanza “lento”, especialmente en el nivel departamental, en el que aún no hay un solo Estatuto Autonómico aprobado y sometido al control de constitucionalidad.
Sin embargo, esa categoría no alcanza a dar cuenta de la complejidad de la tarea de cambiar el modo de gobierno vigente en el país desde la fundación de la República en 1825. Al respecto, la Ministra de Autonomías sostiene que lo más adecuado sería ver el nivel del fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos, pero sobre todo el grado de apropiación del proceso por parte de la ciudadanía.
La segunda consideración se refiere a la pervivencia de un imaginario centralista, fruto de la acumulación histórica antes aludida, que afecta tanto a los gobernantes locales y departamentales como a la población en general. Al respecto, se hizo notar que el sistema de normas todavía concentra gran parte de las decisiones, particularmente en lo referido a la gestión financiera, en el Órgano Ejecutivo del nivel central. Mas no es únicamente esa la razón, pues existe abundante evidencia de que, por una parte, los alcaldes y gobernadores tienen en el centralismo una buena excusa para descargar responsabilidades por sus problemas de gestión; y por otra, que a menudo son los propios vecinos quienes prefieren acudir al gobierno de La Paz para resolver asuntos que competencialmente le pertenecen al municipio o la Gobernación.
Con todo, no es posible sostener que el proceso autonómico esté detenido o no haya avanzado. Así como las gobernaciones, y paradójicamente las que impulsaron sendos referéndums calificados de ilegales por no apegarse a la norma, hasta ahora no han concluido siquiera la redacción de sus estatutos, hay varios gobiernos municipales que, precisamente hoy, someterán sus cartas orgánicas al control de constitucionalidad; y aún más adelantados están algunos municipios indígenas.
Hay, pues, que considerar que la construcción del modelo autonómico no es, ni debe ser, un proceso exento de conflicto e incertidumbre, pues está transformando el modo de gestionar el poder y eso, naturalmente, no puede suceder de modo rápido ni sencillo.
