Guardo en la memoria, como uno de los momentos más emotivos y dramáticos de mi vida, una tarde fría de julio cuando, en una comunidad campesina indígena del departamento de Ayacucho, en Perú, escuché los testimonios de mujeres y niños que habían visto pasar, por encima de sus vidas, literalmente, la cruenta guerra entre Sendero Luminoso y el ejército peruano desde 1980 y durante dos décadas. Los horrores que vivieron, al medio de un conflicto ajeno, contrastaban con su capacidad de sobrevivencia. Muchos estaban volviendo a sus comunidades después de un amargo destierro, y se encontraron con que sus tierras habían sido ocupadas o vendidas, debiendo comenzar, entonces, un tortuoso proceso de recuperación. Muchos otros no pudieron volver. Las espantosas cifras de esa guerra constan en el informe de la Comisión de la Verdad. Setenta mil personas muertas, la mayoría, población campesina indígena.
Historias parecidas se pueden escuchar en varias regiones de Colombia, país donde la población desplazada alcanza a más de tres millones de habitantes. El paisaje en varios departamentos de ese país es desolador, largas extensiones con otrora fértiles chacras abandonadas y niños sin padres, bajo la triste tutela de ancianos desamparados, mientras mujeres y hombres jóvenes rebuscan una vida miserable en los cinturones de pobreza de las ciudades.
Cansados de guerra, aproximadamente 100 indígenas del pueblo Nasa, en la localidad de Toribío, departamento del Cauca, el 12 de julio denunciaron que su territorio es objeto de ataque del Ejército y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y desalojaron a las tropas del Ejército colombiano que protegían un cerro con antenas de telecomunicaciones civiles. A los pocos días fue asesinado uno de los dirigentes. “Somos ajenos al conflicto, pero sus víctimas sistemáticas”, dijo Javier Sánchez, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denunciando las condiciones en que viven no sólo los pueblos indígenas, sino una gran parte de la población colombiana, que soporta a la guerrilla más vieja, violenta y delincuencial de la región desde hace al menos 50 años.
El reclamo de las comunidades indígenas al Gobierno colombiano muestra la desesperación de una población atrapada entre dos fuegos, las secuelas de la violencia en la población civil y la “impunidad generalizada” frente a secuestros, asesinatos, robos y extorsión. La respuesta del presidente Juan Manuel Santos ha sido que no retirará a la fuerza pública, afirmando “nosotros también estamos cansados de la guerra, pero por ningún motivo podemos desmilitarizar ni un solo milímetro de nuestro territorio”. Pero unos días después ha ido a la zona y se ha sentado con varios interlocutores para buscar, en conjunto, una salida a la situación.
El drama de los dos países hermanos en Sudamérica no es sólo haber llegado hasta las armas en una guerra fratricida, sino haber perdido las posibilidades de dirimir sus antagonismos a través del diálogo y, posiblemente, no guardar en la memoria colectiva de la política activa que, una vez perdidas las herramientas del diálogo, hablan las balas y toda la sociedad sale perdiendo.
Estas guerras internas, sin sentido, terminan por convertirse en un modo de vida del que medran los peones de una larga cadena con eslabones legales e ilegales. Los pueblos indígenas de Perú, Colombia y otros países tienen todo el derecho de decirles a quienes llevan la guerra a sus territorios que se vayan con la guerra a… otra parte.
