La decisión gubernamental de instalar un sistema de transporte teleférico entre La Paz y El Alto por cuenta propia no sólo ha tenido efecto en la opinión pública de ambas ciudades, sino también un impacto político, tanto en la Alcaldía paceña como en el gremio de los choferes, pero además implicará innovaciones en el parque automotor del transporte de pasajeros.
En efecto, apenas hecho el anuncio de que se construirá este nuevo medio de transporte, el gremio de los conductores se declaró en emergencia, pues es previsible que una parte de los choferes vea mermados sus ingresos cuando el teleférico esté funcionando, lo que obligó al Presidente del Estado, junto al Ministro de Obras Públicas, a reunirse con la dirigencia del autotransporte para acordar medidas que aminoren ese impacto.
Por su parte, el Alcalde de La Paz ha insistido reiteradamente en la necesidad de coordinar con el Gobierno y la Alcaldía de El Alto la implementación del nuevo sistema, sobre todo debido a que está en marcha la implementación del sistema municipal de transporte, el mismo que debiera articularse con las terminales del teleférico, de tal forma que ambos emprendimientos públicos maximicen su beneficio a la población.
En su negociación con las autoridades gubernamentales, los representantes del gremio de choferes resultaron no sólo ampliamente favorecidos, pues el Gobierno gestionará para ellos un crédito de China para la adquisición de 2.000 buses, así como la creación de un sistema de jubilación para los choferes, del que hasta ahora no gozan, sino también salieron empoderados en su interminable disputa con el Gobierno Municipal.
En lo que respecta a la adquisición de nuevos buses, es difícil no celebrarla, pues significará la urgente renovación de parte del vetusto y demostradamente peligroso parque automotor; igualmente, el generar un mecanismo que permita a los choferes acceder a la jubilación es parte de la obligación estatal de garantizar a todas y todos el goce de sus derechos, considerando fundamentalmente que son mayoría los que trabajan como asalariados o, peor, a destajo, sin acceder a sus beneficios sociales.
Pero lo que parece peligroso es alentar a ese grupo en contra de la municipalidad, cuando debiera ser al revés, pues mientras los unos persiguen exclusivamente intereses particulares, el otro tiene el deber de satisfacer necesidades de toda la ciudadanía y, fundamentalmente, tiene de su lado el mandato de la Constitución Política y las leyes marco de Autonomía y General de Transportes.
El transporte público es, pues, un asunto mucho más complejo que sólo la posesión de vehículos o la voluntad política de los agentes involucrados en el servicio. Hace falta una autoridad clara y fuerte, así como planes bien pensados para que funcione como debe, que es lo que todas y todos esperamos.
