Días atrás, la dirigente de las esposas de suboficiales de Policía que inició el motín de junio volvió a salir por sus fueros, organizando una nueva protesta; esta vez en la puerta del Comando General de la Policía, junto a otras mujeres que se oponen al cambio de destinos asignados a 250 efectivos de la institución.
Como justificación se alega, por una parte, que es irregular que se cambie de destino a los efectivos a medio año y, por otro, que esta acción es una represalia de las autoridades por el motín de fines de junio. Pero al mismo tiempo es una nueva muestra del estado de anomia que aqueja a la tropa policial, que no sólo fue capaz de negociar una salida al conflicto sin sanciones para quienes, además de romper la disciplina que se espera en la institución, pusieron en riesgo el Estado de derecho, según denunció en su momento el Gobierno.
Tomando en cuenta que ya se denunció que el cambio de destinos habilita un tráfico de influencias y el consiguiente cobro de sobornos en favor de oficiales, hay razones para desconfiar. Pero al mismo tiempo, es inaceptable que la disciplina no pueda ser restituida, por incapacidad o por errores estratégicos de las autoridades, sobre todo porque, así, es difícil que mejore la seguridad ciudadana.
