A un año de la represión policial contra indígenas en Chaparina, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, denunció que la Fiscalía da “señales de encubrimiento” a los responsables de la intervención. No descartó, además, acudir a instancias internacionales ante la dilación del proceso.
En su informe sobre la intervención policial, Villena, en noviembre de 2011, apuntó al exministro de Gobierno Sacha Llorenti como el directo responsable de la represión a originarios. Involucró a 17 personas más, entre autoridades, jefes policiales y funcionarios del Ministerio de Gobierno.
“No hemos encontrado en el Ministerio Público la respuesta que la misma ley ordena. Incluso, pese a nuestra censura pública al Comandante de la Policía y la denuncia contra la Fiscal de Distrito, nos han dado señales que pueden considerarse como encubrimiento”, leyó Villena un comunicado de su institución ante la prensa. Este medio intentó, sin éxito, conocer la posición de la Fiscalía con respecto a la acusación del Defensor.
El 25 de septiembre de 2011 al menos 500 policías rodearon a los marchistas en Chaparina, cuando éstos se encontraban preparando sus alimentos y descansando. Los uniformados ejercieron violencia contra los indígenas, ya que les golpearon y para reducirlos les taparon la boca y maniataron con cinta adhesiva.
Críticas. Para Villena, los responsables del hecho son protegidos por “las formas y procedimientos” del sistema judicial en Bolivia. “Un año en que los culpables materiales e intelectuales de este criminal suceso continúan en la impunidad, protegidos por un sistema judicial que se escuda en las formas y los procedimientos”, insistió.
Frente a la denunciada retardación de justicia, y en caso de que la dilación persista, el Defensor adelantó que se acudirá a “instancias internacionales” para exigir justicia; esto, aclaró, agotando los mecanismos nacionales.
Con relación a la investigación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, criticó la “inoperancia” de la justicia en el caso Chaparina. “El proceso de indagación está retrasado”, reconoció la asambleísta. Dos días antes, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, admitió que existe retardación en la investigación. También, el decano del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, culpó a la Fiscalía por la dilación del proceso.
Ayer, el presidente Evo Morales —en una entrevista con la cadena CNN desde Nueva York— dijo que la investigación del proceso no está “paralizada” y destacó que en el caso un general de la Policía Boliviana se encuentra con detención domiciliaria.
A raíz de la indagación, se decidió la detención domiciliaria del exsubcomandante policial Óscar Muñoz. También, la Fiscalía determinó excluir del proceso al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García y al exministro Sacha Llorenti.
La exautoridad policial se encontraba en el lugar de los hechos junto al exviceministro de Gobierno Marcos Farfán, quien desde el 8 de mayo tiene imputación formal y hasta la fecha no se estableció sus medidas cautelares. Recordando la represión, los indígenas afectados realizaron ayer un acto de desagravio en Trinidad. Pidieron a la Justicia dar con los responsables y criticaron la “impunidad” que existe con los autores del hecho.
“Los indígenas merecemos respeto y por eso pedimos que se den con los culpables. Que el Gobierno ejecute su discurso y haga respetar los derechos de los pueblos indígenas”, comentó el dirigente Emilio Noza. La dirigente Nazaret Flores añadió que ante la dilación del proceso, en lo inmediato se acudirá a las instancias de justicia de las Naciones Unidas.
Protesta de mujeres
Reclamos
El colectivo Mujeres Creando protestó en puertas de la Vicepresidencia por la retardación de justicia en el caso Chaparina. Criticó la “impunidad” que se habría dado al exministro Llorenti, hoy embajador de Bolivia ante la ONU.
Montaño hace gestión en población del TIPNIS
Ante la ausencia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García, la senadora Gabriela Montaño —quien funge como Mandataria interina— encabezó el pago del bono Juana Azurduy a las mujeres de la comunidad Santo Domingo, poblado del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). “Se va a iniciar algo muy importante, ya que ni siquiera llega (a Santo Domingo) el bono Juana Azurduy, hoy va a llegar para que se registre y se cancele para todas las mujeres”, manifestó Montaño.
La Mandataria interina explicó que cada dos meses se realizará un recorrido por las comunidades del TIPNIS para registrar a las mujeres gestantes para que sean beneficiarias del bono. Además, Montaño entregó en Santo Domingo potabilizadores de agua y baños ecológicos. “Hacemos gestión pública en esta región, y por eso queremos el desarrollo de sus comunidades”, destacó la Jefa de Estado.
Montaño, quien mañana entrega el mando del Estado a Evo Morales en Uyuni, anunció una inversión de tres millones de bolivianos para la construcción de 56 viviendas en el TIPNIS. Por la tarde, la Presidenta en funciones entregó obras en el barrio Plan Tres Mil de Santa Cruz.
Evo: Policía actuó sin instrucción
Desde Nueva York, Estados Unidos, el presidente Evo Morales aseguró que su administración no dio la orden para reprimir a los indígenas en Chaparina. Así, ratificó que la Policía —el día de la intervención— actuó por decisión propia. “Algunas decisiones tomó unilateralmente la Policía Nacional y sin ninguna instrucción. Por eso pedimos la investigación de manera transparente”, ratificó Morales en una entrevista con la cadena CNN.
El Mandatario recapituló sus actividades durante el 25 de septiembre de 2011. Contó que ese domingo conoció de los problemas en el aeropuerto de Chimoré, Cochabamba, después de reunirse con comunidades indígenas del Parque Isiboro Sécure.
Comentó que ese día Sacha Llorenti le comunicó que un grupo de indígenas atacó con flechas a un grupo de policías. “Luego llegué a La Paz y no pude comunicarme con el Ministro de Gobierno. Hablé con el Vicepresidente (Álvaro García) y me dice que hubo una intervención. Nadie sabía nada, nos han sorprendido”, afirmó.
El comandante interino de la Policía, coronel Víctor Maldonado, quien participó de la intervención como titular del Comando de Inteligencia, deslindó ayer responsabilidad de su accionar y pidió al Ministerio Público pronunciarse por la demora de la investigación.
En el proceso de indagación, el subcomandante policial Óscar Muñoz —con detención domiciliaria— afirmó que obedeció órdenes del Ministerio de Gobierno. Por su parte, el exviceministro Marcos Farfán culpó a Muñoz de ejecutar el plan represivo contra indígenas. El Jefe de Estado criticó la labor de los medios de comunicación durante los hechos de Chaparina. “Algunos medios son buenos para tergiversar. Dijeron que hay 15 muertos (…) (Luego) un niño muerto; no hubo muertos”, reprochó.
