Bolivia atraviesa uno de los períodos de mayor conflictividad social de los últimos años y enfrenta el desafío de evitar que las tensiones políticas y económicas deriven en escenarios de mayor violencia y deterioro democrático.
Así lo advirtió el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en entrevista con La Razón.
Alertó sobre el crecimiento sostenido de los conflictos, el desgaste institucional y la necesidad urgente de fortalecer el diálogo y la prevención.
Defensoría del Pueblo
Según los datos de la Defensoría del Pueblo, el país registró 807 conflictos durante 2025, la cifra más alta de los últimos cinco años. Solo hasta mayo de 2026 ya se contabilizan 295 casos, en un contexto marcado por protestas vinculadas al abastecimiento de combustibles, la escasez de dólares, el incremento de precios y disputas políticas.
Callisaya explicó que Bolivia mantiene un promedio de 362 conflictos anuales, prácticamente “un conflicto diario en algún punto del país”, situación que —según dijo— refleja la persistencia de demandas estructurales no resueltas y una ciudadanía cada vez más exigente frente al acceso a derechos y respuestas estatales.
Conflictos
“La conflictividad estuvo vinculada principalmente a temas económicos, acceso a servicios básicos, empleo, abastecimiento y desacuerdos políticos”, señaló el Defensor en una evaluación del escenario de los últimos años.
Para la Defensoría, el incremento de protestas no debe interpretarse únicamente como un problema de orden público, sino también como una expresión de necesidades sociales insatisfechas. Callisaya sostuvo que las dificultades económicas y la incertidumbre incrementan el descontento ciudadano y elevan la presión sobre las instituciones.
“La cifra refleja preocupaciones sociales vinculadas principalmente a la situación económica y al acceso a condiciones dignas”, afirmó.
Bloqueos
Uno de los aspectos que más preocupa a la institución es el uso recurrente de bloqueos como principal mecanismo de presión. De acuerdo con el reporte defensorial, cerca del 30% de las acciones conflictivas registradas en 2024 correspondieron a bloqueos de caminos y vías urbanas. Callisaya atribuyó esta situación a la falta de respuestas oportunas del Estado y al incumplimiento de acuerdos.
“La lentitud, la burocracia y el incumplimiento de acuerdos generan frustración y hacen que demandas vinculadas a derechos fundamentales se prolonguen durante meses e incluso años”, dijo.
Conflictos
Sin embargo, remarcó que toda medida de protesta debe desarrollarse dentro del respeto a los derechos humanos y evitando afectaciones desproporcionadas a terceros. La Defensoría también expresó preocupación por las recientes agresiones registradas durante movilizaciones contra periodistas, policías, civiles e instituciones públicas.
El Defensor advirtió además sobre un deterioro simultáneo de la estabilidad económica y la confianza democrática. Según explicó, la afectación al derecho al trabajo impacta especialmente a sectores informales, comerciantes y trabajadores que dependen del ingreso diario.
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