Para Joseph Schumpeter, el desarrollo económico es motivado por fuerzas materiales e inmateriales cuya dinámica está determinada principalmente por los efectos de los cambios tecnológicos y sociales, promovidos principalmente por los animal spirits que son la esencia del empresario emprendedor, el cual, mediante la innovación, provoca dicha dinámica. En ese marco teórico no entran como promotores del desarrollo los empresarios de tipo rentista, sino sólo los que agregan valor mediante la innovación.
El problema surge cuando los denominados animal spirits no pueden realizar sus ansias emprendedoras por falta de financiamiento para invertir, debido a la imperfección de los mercados financieros, y del sistema bancario en particular. Conscientes de la imperfección de los mercados financieros, muchos países han desarrollado mecanismos para atender a los espíritus emprendedores, de manera individual o colectiva. Uno de estos mecanismos, implementado en casi todo el mundo, es la banca de desarrollo. Cualquier entidad financiera, pública o privada, que actúa a nivel regional, nacional e internacional, dando oportunidades de financiamiento a actividades productivas rentables a una tasa inferior a la de mercado, en condiciones, plazos, garantías y costos accesibles, se define como banca de desarrollo.
En Latinoamérica existen 25 bancos de desarrollo, muchos de larga data, como son el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile (1962), el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social de Brasil (1952), o la Financiera Rural de México (1975); instituciones de segundo piso que intermedian recursos a través de las típicas entidades financieras, lo cual les permite minimizar riesgos financieros y transferir el riesgo de crédito.
En Bolivia, el apoyo financiero a las actividades productivas provenía principalmente de la banca estatal, que comprendía a comienzos de los 90 al Banco del Estado, Banco Minero y Banco Agrícola, mismos que tenían una participación del 17% en el total de la cartera del sistema financiero. Sin embargo, el alto riesgo crediticio afrontado por estas entidades financieras, sumado a las ineficiencias administrativas que se dieron en el marco de un modelo económico que privilegiaba a la banca privada, provocó su posterior liquidación.
A diferencia de los otros países donde se continuó con el fomento a las actividades productivas mediante la banca de desarrollo, en el país se inició un proceso de achicamiento de la intervención del Estado en el mercado crediticio, hecho que determinó un proceso de marginación de los emprendimientos que cuentan con poco respaldo patrimonial por parte del sistema financiero.
La necesidad de contar con mecanismos de financiamiento alternativos al tradicional determinó que, a partir de 2007, se constituya al Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP) como un banco de segundo piso, entidad donde el Estado tiene participación mayoritaria, a objeto de satisfacer los requerimientos de financiamiento de actividades productivas, privilegiando con capital de inversión y de operaciones a Pymes, microempresas, productores agropecuarios, forestales y exportadores.
Mediante este mecanismo de financiamiento, el BDP SAM, con recursos propios y otorgados por el Estado, logró atender los requerimientos de 20.643 emprendimientos en 2011, mediante la colocación de créditos por un total de $us 176,5 millones, a tasas inferiores a las del sistema financiero.
Buscando capturar a los animal spirits, los bancos de desarrollo en América Latina están evolucionando hacia la intermediación directa con el público, mediante la recepción de depósitos y la otorgación de créditos por ventanilla propia, hecho que bien podría ser adecuado a nuestra realidad.
