Es el primer censo del Estado Plurinacional y no se hicieron los esfuerzos necesarios para respetar la cultura indígena. La boleta censal ni siquiera ha sido traducida en los principales idiomas nativos, y ello acarrea la preocupación por parte de la población de no entender el sentido de algunas preguntas; e incluso, lo que es peor, respecto a los fines últimos que persigue el censo. Esta afirmación la hago a partir de dos eventos en los que participé recientemente. El primero fue organizado por Fundappac el 22 de noviembre, en la ciudad de Sucre, gracias a la iniciativa de la diputada por Chuquisaca Flora Aguilar. El otro encuentro se desarrolló el 4 de octubre, y contó con la participación de mujeres dirigentes de tierras altas, pertenecientes a la Conamaq.
La mayor preocupación de estos grupos sociales indígenas es que el proyecto censal es principalmente urbano, y cuya “tendencia es eliminar al sector rural”, afirmaba un dirigente. En este sentido, consideran que es un proyecto discriminador, porque la boleta no se esfuerza por reconocer la territorialidad ancestral. Por ejemplo, reclaman que en el capítulo A (Ubicación geográfica de la Vivienda), no se visibiliza el ayllu, la marka, el suyu, sino categorías imprecisas como comunidad, localidad, centro poblado, ciudad, etc. Y esta demanda la expresan con vehemencia, porque muchas comunidades rurales no gozarán de la distribución de los recursos de la coparticipación tributaria, a pesar de participar en el censo, debido al centralismo municipal. Además, al estar invisibilizados, se encontrarán inermes ante el proyecto de reconstituir territorialmente las naciones indígenas en un Estado que se dice precisamente “plurinacional”.
Con el actual proceso de vaciamiento demográfico rural las ciudades tendrán más recursos, no obstante, “el desarrollo está en el área rural. Si no hay campo, no hay vida”, dijo un dirigente indígena en Sucre. La boleta censal tampoco intenta captar un fenómeno secular que hace al patrón territorial de la población indígena; es decir, la práctica cultural de la transhumancia, consistente en aquellos desplazamientos pendulares, estacionales, continuos y rutinarios, con la finalidad de acceder a las subsistencias alimentarias producidos en diferentes alturas. Es decir, la práctica del control vertical de los pisos ecológicos e incluso actualmente movimientos temporales a las ciudades, con el objetivo de acceder a ciertos empleos de temporada y luego retornar a sus comunidades. Casos como el de Pampa Aullagas, en la provincia Ladislao Cabrera (Oruro), donde aún se realiza el trueque de la sal por el maíz. O por ejemplo la población flotante de Riberalta, en el Beni, en la que muchas familias se desplazan durante tres meses al año, para recolectar castaña.
La transhumancia y las migraciones desde tiempos inmemoriales forman parte de un sistema de vida de las comunidades andinas y ello no ha sido captado en la actual boleta, pues ni siquiera se hizo el esfuerzo de ver la manera de incorporar el tema de la doble residencia, pese a la solicitud en este sentido que el Grupo de Trabajo La Ruta del Censo efectuó en forma escrita y en los debates públicos. De allí surgen los enormes conflictos entre las dirigencias indígenas y sus comunidades, ya que no se tiene claro dónde serán censadas estas poblaciones: ¿en el lugar donde nacieron o donde residen? El tema central es que estas comunidades olvidadas por el Estado reclaman ser visibilizadas, así como su derecho a vivir como bolivianos en condiciones dignas, con buena salud, óptima educación y acceso a los servicios básicos.
El censo no realiza esfuerzos para considerar estos procesos profundos de interculturalidad. No ha leído las demandas de los pueblos indígenas. Ha estado polarizado en el absurdo e insulso debate de proseguir con el mito de Bolivia país indígena, cuando en los hechos los mismos indígenas no se encuentran identificados en la boleta censal. Ese es el embrollo del Estado “Plurinacional”. Y si los resultados censales no muestran las agudas desigualdades que existen entre los bolivianos, y si por el contrario se convierte sólo en un instrumento político para ostentar los grandes logros del Gobierno actual, entonces nos habremos rifado cerca de $us 20 millones, que tendremos que pagar con nuestros impuestos al Banco Mundial.
