Los narcotraficantes buscan siempre amedrentar a la sociedad y al Estado, para crear una imagen de ingobernabilidad que les permita operar en la impunidad. No hace mucho esta estrategia era corriente, sobre todo en lugares dominados por los cárteles, como en ciertos estados mexicanos. Sin embargo, este fenómeno también ha empezado a extenderse en regiones del país.
En efecto, días atrás, un reportaje publicado por este diario daba cuenta de que en al menos ocho pueblos del municipio de Yapacaní (a 180 km al norte de Santa Cruz) los vecinos viven paralizados por el temor que deviene de coexistir en medio de un fuego cruzado entre la violencia del narcotráfico y los operativos antidrogas. Por ello, cuando se les pregunta sobre las actividades ilícitas que se desarrollan en sus barrios, muchos optan por el silencio, pues temen a las represalias; y los pocos que están dispuestos a proporcionar información lo hacen con la condición de no ser identificados.
Al respecto, estos últimos afirman que la inexistencia de policías agrava la impunidad en la que operan los narcotraficantes. También coinciden en que los jóvenes son los más vulnerables, pues observan que algunos de sus vecinos se enriquecen de la noche a la mañana, sin la necesidad de estudiar o de esforzarse. Además, se les presenta la oportunidad de ganar dinero fácil en actividades ilícitas. De allí que, por ejemplo, uno de los vecinos consultados señaló que desde hace meses está buscando, sin éxito, un ayudante para su taller mecánico. Sin duda una situación preocupante, que está mermando los valores de las nuevas generaciones y la percepción sobre la importancia de tener un trabajo honesto.
Pero también los adultos están quedando atrapados por las redes del narcotráfico. Por ejemplo, a tiempo de confirmar que en la zona de Yapacaní efectivamente operan “peces gordos” del narcotráfico, el Presidente del Estado señaló recientemente que algunos dirigentes de San Germán trataron de pactar con el Gobierno para que no se desarrollen operativos antidrogas y se impida el ingreso de la Policía. Propuesta que naturalmente fue rechazada y que generó zozobra no sólo en el Primer Mandatario, sino también en el resto de la población, pues revela la capacidad que tiene el narcotráfico para corroer la estructura sobre la que se intenta construir una sociedad decente.
Cabe señalar que a raíz de estos incidentes, el martes se inauguró un puesto de control de Umopar en la región, específicamente en Santa Fe, cuyos efectivos (más de 300 policías) en su primer operativo destruyeron 107 fábricas de cocaína y detuvieron a cinco sospechosos. Es de esperar que esta base contribuya a reducir el tráfico de cocaína y la presencia de organizaciones criminales en el lugar. No obstante, urge asimismo tomar medidas que desalienten a los jóvenes a ingresar en el mundo de las drogas.
