Recientemente, la calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación de riesgo país de Bolivia de B+ a BB-, como lo habían hecho anteriormente las calificadoras Moody’s y Standard & Poors. La calificación de riesgo país mide la capacidad y voluntad que tiene una nación para hacer frente a su deuda y, por lo tanto, el riesgo que conlleva invertir en ella. Al mejorar la calificación de riesgo de B+ a BB-, la inversión en bonos públicos bolivianos pasó de ser “altamente especulativa” a “especulativa”. De acuerdo con las agencias calificadoras, una categoría de riesgo de BB- significa que el país posee capacidad de pago de su deuda en las condiciones pactadas, pero ésta es variable y susceptible de debilitarse ante posibles cambios adversos en las condiciones económicas, pudiendo incurrir en incumplimientos.
Indudablemente, el haber mejorado la calificación de riesgo de los bonos públicos bolivianos es un aspecto positivo, pero corresponde precisar que la inversión en los mismos aún se mantiene en el nivel especulativo. Para superar ese nivel y alcanzar un grado de inversión, el riesgo del país debe alcanzar al menos la calificación de BBB- (“buena calidad de crédito”) que está a tres niveles por encima de la actual categoría. Consiguientemente, los bonos públicos con grado especulativo deben pagar una tasa de interés acorde a ese nivel de riesgo y más alta que los bonos públicos con grado de inversión.
El mes pasado, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros autorizó a las AFP adquirir, con los recursos de los fondos de pensiones que administran, los bonos soberanos a ser emitidos en los mercados internacionales por el Tesoro General de la Nación. Esta situación genera expectativas favorables para la rentabilidad de los fondos de pensiones, en la medida en que esos bonos sean adquiridos a una tasa de interés acorde con su nivel de riesgo.
