A mediados de octubre, el Viceministerio de Defensa Social contabilizó aproximadamente 16 mil familias afectadas por las sequías en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, donde las temperaturas se elevaron por el fenómeno de El Niño. El problema, señalaron en ese despacho, es la falta de colaboración de los gobiernos locales.
En efecto, el viceministro del área lamentó la falta de coordinación de los municipios afectados que no facilitan información sobre las familias afectadas por la sequía, lo que retrasa la pronta atención para los damnificados. Agregó la autoridad que su despacho cuenta con un observatorio nacional de desastres, que permite registrar y procesar la información de las familias afectadas; sin embargo, sin retroalimentación de las autoridades correspondientes, este trabajo se retrasa, por lo que pidió a gobernaciones y municipios sumarse a esta iniciativa.
El reclamo no es menor, pues se supone que son las autoridades locales las que primero debieran preocuparse por el bienestar de los habitantes de sus respectivas jurisdicciones, en vez de dejar la reacción inmediata a las autoridades del nivel central, que si bien tienen más recursos, debieran disponer de éstos según las demandas que registren los otros niveles gubernativos y no al revés.
Según el viceministro, por ahora la situación de las localidades afectadas por la sequía no es para alarmarse, pues en comparación a lo ocurrido el año pasado, los niveles son los mismos, con la diferencia de que la ayuda es más oportuna y mayor en la actual gestión, seguramente producto de la experiencia adquirida, ya que tanto por efecto de El Niño como, en general, por el cambio climático, estos fenómenos naturales extremos se repiten de manera estacional.
Asimismo, la autoridad se mostró confiada en la capacidad de reacción del despacho a su cargo, debido a que el Gobierno cuenta con Bs 20 millones para atender las emergencias que resulten de este tipo de situaciones, e incluso existe la posibilidad de incrementar la cantidad de recursos de acuerdo con las necesidades que se presenten.
Puestas así las cosas, se hace evidente que lo necesario es, entonces, una mayor y mejor coordinación; y no es descabellado pretender que dicha comunicación de necesidades y respuestas sea de ida y vuelta; es decir que los gobiernos locales pidan ayuda oportuna y que las autoridades del Órgano Ejecutivo también hagan su esfuerzo por establecer contacto con aquellos para conocer, también oportunamente, sus necesidades.
Es evidente, pues, que la gestión de desastres naturales no puede ni debe estar sujeta a los vaivenes de la política o de la voluntad de las autoridades. Allí donde hay, siquiera potencialmente, sufrimiento de personas, el único criterio aceptable es el de la prontitud en el alivio.
