Imagínese usted si tuviese que responder la siguiente consulta: ¿está de acuerdo en eliminar la subvención a los carburantes por parte del Estado que, para la gestión 2013, significará más de 1.000 millones de dólares? O en otras palabras, pensando en los efectos: ¿aceptaría usted el incremento en el precio de la gasolina, el diésel y el gas licuado hasta ahora subvencionados por el Tesoro General de la Nación?
Dados los antecedentes, es muy probable que dicha consulta, sea en un referendo nacional con el voto ciudadano, sea en una Cumbre Plurinacional con organizaciones sociales, obtendría por mayoritaria respuesta un rotundo NO. Aunque sobren razones económicas para explicar que la tal subvención está “desangrando” la economía y constituye un boquete creciente en el presupuesto público.
En diciembre de 2010, motivado precisamente por esa “racionalidad económica”, el Gobierno se aventuró en un fallido gasolinazo. La medida era por demás insostenible y, ante la fuerte protesta social, tuvo que ser retirada. El tema está nuevamente en agenda. Y algunas autoridades parecieran no entender que difícilmente la población aceptará cargar con el elevado coste de eliminar la actual subvención a los carburantes. Urgen alternativas.
