Es acertado y era sumamente necesario que el Gobierno boliviano siente soberanía sobre las aguas del Silala, porque si bien le pertenecen a Bolivia, Chile las utiliza sin autorización desde 1997, y sin pagar ni un centavo desde 1908. Pero aun así, no debemos olvidar otros temas pendientes con el país del Mapocho, como los daños y perjuicios que causó la desviación unilateral de los ríos Lauca y Caquena acometida por el Gobierno de La Moneda y privados chilenos en los años 60, el último con el agravante de que el curso de sus aguas define el límite fronterizo entre ambos países, según el Tratado de 1904 (artículo 2); y ahora también por el daño económico que genera la paralización del Ferrocarril Arica-La Paz (FFALP) por ya más de una década.
Esa vía férrea es precisamente la compensación más importante que recibió Bolivia por su vasto, rico y único Litoral. Fue construida a costa de Chile con el propósito de unir al puerto de Arica con El Alto de La Paz, en cumplimiento al Tratado de 1904 (artículo 3); y desde 1913, año de su inauguración, ha mantenido un servicio de transporte de cargas y de personas (este último suspendido desde que la administración del tren en el lado chileno pasó a manos privadas en 1997) bastante regular hasta que, en 2001, una tormenta ocasionó serios destrozos en la vía y el servicio tuvo que ser interrumpido por varios meses. A partir entonces, el ferrocarril realizó muy pocos viajes, y finalmente, en 2005, la empresa privada que lo administraba en territorio chileno se declaró en quiebra y las operaciones fueron paralizadas por completo hasta el día de hoy.
Este hecho, que a todas luces se constituye en una inobservancia al propósito con el que se concibió el Tratado de 1904, en su parte referida al ferrocarril que inobjetablemente fue dotar a Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente al mar y que además representa una flagrante violación de parte de Chile a la Convención para la Construcción y Explotación del FFALP de 1905, porque a través de la misma ambos países se comprometieron a “asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad” (artículo 12); debe ser incluido entre los asuntos que con mayor prioridad se deben resolver entre ambas naciones, entre los cuales destacan el tema del mar y la utilización no autorizada de recursos hídricos bolivianos por parte de Chile.
El Gobierno chileno y los encargados de su rehabilitación han prometido en varias oportunidades el pronto reinicio de sus operaciones. Hace un año, el cónsul general de Chile en La Paz, Jorge Canelas, aseguró que el tren volvería a funcionar a mediados de 2012; sin embargo, eso no ha ocurrido. No dudamos de que llegará el día en que la vía férrea vuelva a operar, pero no se trata solamente de eso, hay daños y perjuicios ocasionados a la economía boliviana que deben resarcirse.
