Un estudio de la Dirección General de Régimen Penitenciario ha descubierto que casi la mitad de los internos del penal de máxima seguridad de Chonchocoro se sienten inseguros en esa prisión. Esta evidente contradicción entre el objetivo del penal y los sentimientos de sus habitantes es una nueva muestra de la grave situación del sistema penitenciario del país.
En efecto, según una encuesta realizada por la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), el 33% de los reos de Chonchocoro vive con miedo y el 10% con alguna susceptibilidad. Una de las causas para que se dé esa situación de inseguridad sería la muerte violenta de algunos reclusos.
Esta primera conclusión se basa en la evidencia obtenida de preguntar a los internos si estaban al tanto de la cantidad de personas que fallecieron de manera violenta en ese penal. Uno de los reos dijo conocer de nueve muertes, ocho indicaron que se dieron más de diez casos, el resto citó por lo menos un hecho. En realidad, las cifras oficiales muestran que desde 1992 hasta ahora han muerto 22 personas, algunas de ellas asesinadas con evidente saña y crueldad, como aquel reo que recibió 115 puñaladas el año pasado.
Asimismo, el cuestionario realizado por la DGRP da cuenta de que el 29% de los consultados no advierte la presencia policial en ese recinto penitenciario: “No ingresa”, “de vez en cuando” o “sólo para llamar lista”, fue la respuesta de los internos cuando se les preguntó cuántas veces al día los uniformados entran a ver a la población penal. Un porcentaje similar, sin embargo, afirmó que los policías ingresan entre tres y cuatro veces por día al sector.
Además, casi la mitad de los encuestados no advierte la entrada del director del recinto penal. De 61 personas consultadas acerca de la cantidad de veces que ingresó el gobernador en una semana, 30 dijeron que no lo hace, 16 afirmaron que en una oportunidad y cuatro aseguraron que fue visto más de diez veces, el resto lo vio entre tres y cinco veces o en caso de urgencia o reuniones.
La situación es tal, que el propio Director de Régimen Penitenciario opina que “ciertos poderes ocultos” controlan la venta de alcohol y sustancias controladas en el penal de máxima seguridad. La autoridad incluso se animó a plantear la posibilidad de que haya policías involucrados. Por su parte, el Representante de la Defensoría del Pueblo en El Alto afirma que el recinto “no es seguro” y que “los controles que la Policía debería realizar carecen de rigurosidad”.
Hay, pues, un problema estructural en todo el sistema penitenciario boliviano, y el caso que se comenta es apenas la más reciente prueba de ello. La solución, es evidente, debe ser equivalente al tamaño del reto y ya no simples anuncios de buena voluntad o, en el mejor de los casos, parches que sólo ayudan a ganar tiempo pero no resuelven nada.
