Días atrás, siguiendo órdenes presidenciales, la Asamblea Constituyente egipcia redactó, en una sesión maratónica, el anteproyecto de su nueva Carta Magna, que será sometida a referéndum el 15 de diciembre. Este hecho, sumado a la intención del presidente Morsi de adjudicarse poderes que lo colocan por encima de la ley, ha desatado una profunda crisis en el país árabe.
En efecto, en estos momentos, desde el martes por la noche, se encuentran apostados frente al palacio presidencial cientos de manifestantes, principalmente jóvenes y activistas laicos, que han decidido oponerse a capa y espada contra lo que consideran un asalto al poder sin límites por parte de los Hermanos Musulmanes, el partido del Mandatario. A su vez, miles de islamistas reaccionaron con una contramarcha, organizada en el mismo lugar donde están acampando los opositores, y que derivó en una arremetida, sin éxito, para desmontar por la fuerza las tiendas plantadas ante el palacio.
Esta no es la primera vez que manifestantes a favor y en contra de Morsi se enfrentan desde que se de- satara la última crisis, causando hasta ahora la muerte de una persona y decenas de heridos. Situación de intolerancia que lejos de disminuir tiende a agravarse.
Por otro lado, ayer, al menos cinco canales de televisión dejaron de emitir su señal, sumándose a la huelga que el martes llevaron a cabo 12 periódicos, en protesta por el riesgo a las libertades individuales y a la libertad de expresión que, según ellos, representan las últimas decisiones del presidente Morsi. Pero también en protesta contra el espíritu de la nueva Constitución a ser refrendada, diseñada por una Asamblea bajo el control de los Hermanos Musulmanes, quienes ignoraron las aspiraciones de amplios sectores sociales, lo que motivó el retiro de sus representantes.
Al respecto, cabe señalar que el borrador de la Carta Magna egipcia nace con una gran disparidad, y que previsiblemente no constituirá el cimiento de concordia y entendimiento que se espera de un documento de esta naturaleza. Ello porque mantiene los principios musulmanes de la sharia como principal fuente de legislación, ignora la protección de la igualdad de las mujeres y restringe a tres religiones la libertad de culto. Además, mantiene los privilegios de los militares, que ocuparán la cartera de Defensa desde donde podrán seguir enjuiciando a civiles, y estarán blindados ante el escrutinio parlamentario mediante el secreto de su presupuesto.
Así las cosas, la primavera árabe puede derivar en un crudo invierno, a la espera de mejores vientos y nuevos actores, alejados de fundamentalismos religiosos e intereses mezquinos, que estén conscientes de que una victoria electoral no otorga el monopolio constitucional, y sean capaces de redactar e implementar una Constitución democrática e integradora.
