La descolonización de la Justicia es el referente de la revalorización y recuperación de identidades del Estado Plurinacional de Bolivia, sinónimo de reconocimiento, visibilización, uso y, sobre todo, aprovechamiento de los conocimientos y las formas propias de administración y aplicación del principio de “preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, desarrollado en la Constitución Política del Estado (CPE).
El contexto de la descolonización de la Justicia no sólo se relaciona con el libre ejercicio o la coexistencia de la justicia indígena con la ordinaria. Este proceso también pasa por un profundo cambio de forma y fondo en la administración del sistema judicial. Esto significa que antes se debe descolonizar el derecho como ciencia, y sobre todo las leyes que son instrumentos colonizantes.
No debemos olvidar que la supervivencia de la justicia indígena originaria ha estado marcada y acompañada por el desarrollo y proceso de construcción del derecho positivo boliviano, que si bien tiene fuentes y orígenes occidentales, no deja de ser hoy en día necesario. Sin embargo, para avanzar resulta necesario aceptar que vivimos en un Estado colonial que funciona básicamente sobre dos ejes ideológicos: racismo y patriarcado, que derivan en una “educación colonial y en leyes coloniales”, bajo el sometimiento de normas españolas como las cartas o leyes de Indias, el nacimiento republicano con base en los códigos napoleónicos de corte francés, la generación de normas impuestas en gobiernos de facto como los llamados códigos Banzer (de origen italiano); y otros que son sólo una mala reproducción de legislaciones ajenas a nuestra realidad cultural.
El Estado cuenta con la CPE, un texto anticolonial y descolonizante que requiere, para la construcción del Estado Plurinacional, leyes, instituciones y, sobre todo, autoridades judiciales descolonizadas. No obstante, uno de los riesgos más serios que se puede apreciar en la actual coyuntura jurídica es el inminente peligro de desconstitucionalizar la justicia; es decir, mantener el sistema jurídico con sus leyes e instituciones coloniales, y/o generar nuevas normas elaboradas desde el enfoque jurídico colonial anterior a la CPE.
Suele en ocasiones confundirse la descolonización y el pluralismo jurídico con la identidad cultural, como las formas propias de vestir que no representan una “descolonización”.
El hecho de usar ponchos o distintivos autóctonos no implica descolonización. La colonialidad radica en la forma de pensar y, por ende, en la forma de generar y administrar justicia. El paso de la justicia colonial a una plural radica en la inclusión de personas históricamente excluidas, así como la inclusión de idiomas propios de los pueblos y las culturas bolivianas, en desburocratizar los procesos, en generar normas reales que se aproximen a la realidad cultural diversa de Bolivia. En síntesis, en revalorizar nuestra identidad cultural y apropiarla a la administración de justicia.
Por lo señalado, el proceso de transformaciones jurídicas y la descolonización de la Justicia no sólo necesita buscar su esencia en la justicia indígena originaria; también debe buscar respuestas en la estructura del sistema judicial ordinario, en base siempre al respeto de la identidad de los pueblos, recuperación y generación de lo propio desde el mismo espíritu de transformación del Estado colonial al Estado Plurinacional.
